El proyecto para bajar la edad de imputabilidad en Argentina volvió a instalar el debate en el Congreso y en la opinión pública. La iniciativa busca modificar el régimen penal juvenil vigente, que actualmente establece los 16 años como edad mínima para ser imputado por delitos. La discusión gira en torno a cómo abordar los casos de menores involucrados en hechos graves y qué herramientas ofrece el sistema judicial para su tratamiento.
En este contexto, el foco también se posa en lo que sucede en otros países de América Latina. En la región, la edad de responsabilidad penal varía: en Brasil es desde los 18 años, aunque existen medidas socioeducativas desde los 12; en Uruguay es de 13; en Paraguay, Chile y Bolivia también se fija en los 14; mientras que en Ecuador comienza a los 12 con un régimen especial.
En México depende de cada estado, pero en la mayoría de los casos se ubica entre los 12 y 14 años bajo sistemas diferenciados del régimen adulto.
Más allá de la edad establecida, la mayoría de los países latinoamericanos aplican regímenes penales juveniles especiales, con penas diferenciadas y énfasis en medidas socioeducativas antes que en condenas equivalentes a las de adultos. Organismos internacionales recomiendan que cualquier reforma contemple la protección integral de derechos y políticas de prevención.
🔵 En LN+ Periodistas hablaron sobre el debate en la Cámara de Diputados por la baja de la edad de imputabilidad: “La novedad es que hay un amplio consenso en la sociedad”.
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— La Nación Más (@lanacionmas) February 12, 2026
En Europa, el esquema también es diverso. En España la edad mínima es 14 años; en Francia y Alemania ronda los 13 o 14 bajo sistemas juveniles específicos; mientras que en el Reino Unido es una de las más bajas de Occidente, fijada en los 10 años en Inglaterra y Gales. En Estados Unidos, la legislación varía según el estado, aunque en muchos casos se permite juzgar a menores como adultos en delitos graves.
El debate argentino se da así en un escenario internacional heterogéneo, donde la edad de imputabilidad convive con distintos modelos de justicia juvenil. La discusión no solo se centra en el número que fija la ley, sino también en el tipo de respuesta que el Estado debe ofrecer ante el delito cometido por menores y en las políticas de prevención e inclusión que acompañen cualquier modificación normativa.
