En el marco del debate por la baja de la edad de imputabilidad en la Cámara de Diputados, el legislador santiagueño Jorge Mukdise marcó una posición firme y crítica. Lejos de la retórica punitivista, el diputado sostuvo que la Argentina necesita, de manera urgente, la creación de un Régimen Especial Juvenil diseñado específicamente para atender la problemática de los adolescentes de 14 a 17 años, pero con una finalidad estrictamente restaurativa y no meramente castigadora.
Una crítica al “eslogan” y a la falta de inversión
Para Mukdise, el proyecto que obtuvo media sanción representa una “fórmula simplista” que no ha funcionado en otros países de la región. “En lugares como Brasil o Ecuador, donde ya han bajado la edad, los niveles de delito superan ampliamente a los de Argentina”, señaló el legislador, subrayando que el país actualmente mantiene índices de participación juvenil en delitos graves cercanos al 3%, una cifra significativamente menor a la de sus vecinos.
El diputado fue tajante al calificar la iniciativa como un “eslogan de campaña”: “Dicen ‘delito de adulto, pena de adulto’, pero ignoran que estos chicos no han alcanzado su desarrollo neurocognitivo y cognitivo completo”. Además, denunció que la ley carece de sustento operativo: “No contempla la inversión necesaria en jueces especializados ni en los equipos técnicos que requiere una intervención de este tipo. Es un título para el diario que no resuelve el problema”.
En sintonía con la Iglesia y la Magistratura
La postura de Mukdise encuentra un sólido respaldo en el Memorándum Técnico de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y en las advertencias de Cáritas y las Pastorales Sociales. El legislador hizo eco del concepto de la “cultura del descarte”, señalando que el Estado busca atacar las consecuencias e ignorar las causas, castigando a los eslabones más débiles mientras las estructuras del crimen organizado permanecen intactas.
Entre los puntos técnicos que refuerzan su posición, se destacan:
La vulneración del federalismo: Según el documento de la FAM, la ley invade facultades provinciales al imponer medidas procesales (como el monitoreo electrónico) sin asignar el presupuesto para aplicarlas, convirtiéndola en una “norma cáscara”.
La especialidad absoluta: Mukdise y los especialistas coinciden en que alojar jóvenes en sectores separados de cárceles comunes es “inadmisible” y contamina el fin educativo, transformando a los institutos en motores de reincidencia.
Un llamado a la responsabilidad
“Es más simple castigar que educar”, concluyó el diputado, citando los principios rectores de la magistratura especializada. Para Mukdise, el verdadero desafío no es definir una edad en un papel, sino construir un Estado que intervenga a tiempo, con recursos y programas socioeducativos, antes de que el derecho penal sea la única respuesta disponible.
Finalmente puso en relevancia que “en Santiago del Estero ya dimos un paso concreto en este camino con la creación del Centro de Abordaje y Responsabilidad Adolescente “NEXO”, un modelo con enfoque restaurativo y de derechos que articula contención, formación y responsabilidad, priorizando la inclusión y el acompañamiento integral. Creemos en un Estado que intervenga a tiempo, que recupere y que genere oportunidades. El desafío no es endurecer penas, sino construir políticas públicas responsables que atiendan las causas antes de que el derecho penal sea la única respuesta”.
