Mientras Argentina debate una jornada laboral de hasta 12 horas, el Senado de México aprobó este miércoles, por unanimidad, la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de manera gradual de 48 a 40 horas, un cambio que beneficiará a alrededor de 13,5 millones de trabajadores formales y que deberá completarse en 2030. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora pasará a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual sanción definitiva, en medio de retrocesos en materia laboral en otros países como Argentina.
La Cámara Alta mexicana avaló el dictamen con 121 votos a favor y ninguno en contra en lo general y en los artículos no reservados. Con esta aprobación, el proyecto superó la instancia clave en el Senado y quedó habilitado para continuar su trámite legislativo.
La reforma modifica el artículo 123, Apartado A, de la Constitución mexicana, con el objetivo de establecer de manera explícita la jornada máxima de 40 horas semanales tanto en la Carta Magna como en la Ley Federal del Trabajo. El texto aprobado dispone que la reducción será paulatina: a partir de enero de 2027 se restarán dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como período de adecuación para empresas y trabajadores.
Sin reducción de sueldos
El esquema aprobado mantiene el principio de que la disminución de horas no implicará reducción de sueldos, salarios ni prestaciones. Asimismo, incorpora la prohibición de que menores de edad realicen horas extra. El derecho a un día de descanso por cada seis días de trabajo, con salario íntegro, se conserva en los términos vigentes.
Durante el debate parlamentario, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón, sostuvo que la reforma “va a proteger el ingreso” y remarcó que la reducción de la jornada no afectará las remuneraciones. “Queremos que sea un derecho blindado en la Constitución que no depende de la voluntad de nadie”, afirmó, al señalar que se trata de una demanda histórica del movimiento obrero.
La iniciativa fue presentada formalmente por Sheinbaum en diciembre, tras una serie de mesas de diálogo entre el Gobierno, el sector empresarial y representantes sindicales. El proyecto retoma una discusión iniciada en el sexenio anterior de Manuel López Obrador, que no logró avanzar por falta de consensos, y propone una implementación gradual como vía para facilitar su aplicación en el mercado laboral.
