Trabajadores de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y los sindicatos de base adheridos, denunciaron una “disolución de hecho” de la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco de lo que describieron como “un plan más silencioso” que los intentos previos de cierre del organismo por parte del Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei.
En este sentido, el Secretario General del Sindicato de Empleados del 16° Distrito, Ariel Enriquez, se expresó titulando la maniobra como “La verdad sobre el retiro voluntario”, la entidad gremial sostuvo que este nuevo ardid, surgió “tras el fracaso del Gobierno nacional en su intento de disolver a Vialidad mediante el Decreto 461/25”, iniciativa que fue frenada por una medida cautelar judicial y posteriormente derogada por las Cámaras de Diputados y Senadores.
Según señalaron desde SEViNaSE, la estrategia actual sería “igual de grave e igual de perversa: la disolución de hecho”, basada en la generación de “acciones persecutorias en los lugares de trabajo” que provocan “un fuerte desgaste psicológico, un innegable malestar grupal y un futuro laboral incierto”.
Además, denunció que, en paralelo, se “pisotean los salarios” al eludir todas las instancias de negociación, tanto las habituales como las impulsadas en los tribunales y que, en ese contexto, se ofrece como “paracaídas salvador” un “retiro voluntario” que calificó de “aviesamente mentiroso”.
Por otra parte, en las últimas horas trascendió la intención de avanzar con una modificación del organismo, una medida que Enriquez interpreta como un nuevo paso hacia su vaciamiento.
En ese marco, señaló que la entidad se encontraría inmersa en un proceso de “reorientación institucional” que implicaría abandonar el modelo basado en la ejecución directa de tareas operativas para pasar a un esquema centrado en la supervisión y fiscalización de concesiones viales y servicios asociados.
“Sin embargo, la organización sindical sostiene que esta transformación conlleva una retracción de las capacidades operativas del Estado. El debilitamiento de su intervención directa y territorial delegaría sectores estratégicos en la mejor de las suertes a concesionarios privados, cuyos antecedentes operativos han demostrado siempre ser un fracaso.”
