La investigación sobre la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha tomado un nuevo impulso tras la declaración clave de un testigo de identidad reservada. Este testimonio resultó fundamental para que el juez Sebastián Casanello dictara el procesamiento de 19 personas, entre las que destacan el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y el lobista Miguel Calvete. La Justicia sospecha que el esquema de sobornos, fraude y retornos mediante proveedores de ortopedia podría ser mucho más extenso de lo que se conocía hasta ahora, abriendo nuevas líneas de investigación sobre presunto lavado de dinero.
De acuerdo con las pruebas recolectadas por el fiscal Franco Picardi, se investiga el rol de las ortopedias que proveían insumos al organismo. Las escuchas telefónicas sugieren que Calvete operaba como un intermediario que garantizaba los pagos de la ANDIS a cambio de retornos económicos por parte de las empresas beneficiadas. En este complejo entramado, la lupa de los investigadores también se posó sobre la Droguería Suizo Argentina y la familia Kovalivker, aunque la causa enfrenta dificultades técnicas significativas: desde dispositivos móviles entregados sin contenido hasta celulares bloqueados cuyas claves la empresa se niega a facilitar, lo que obligó a la Justicia a solicitar información a proveedores en Estados Unidos.
El expediente también deja al descubierto una trama de influencias y tensiones en la cúpula del poder. Un audio incorporado a la causa revela diálogos sobre “alinear jugadores” para evitar errores de gestión de Spagnuolo, mencionando a figuras del entorno ejecutivo de la Suizo Argentina y aludiendo a contactos que llegarían hasta altas esferas de la política nacional, vinculadas por los investigadores con el entorno de Eduardo “Lule” Menem. Estas filtraciones exponen las fricciones internas entre las distintas facciones que orbitan el Gobierno nacional mientras se definían los manejos de la agencia.
A partir de esta semana, el curso de la investigación quedará en manos del juez Ariel Lijo, quien asumirá la responsabilidad de definir los próximos pasos procesales. Entre sus tareas inmediatas se encuentra el cumplimiento de una orden de la Cámara Federal para peritar los audios que dieron origen a la denuncia, con el fin de determinar si existió algún tipo de manipulación. Esta pericia es determinante, ya que de confirmarse irregularidades en las grabaciones, la causa podría enfrentar pedidos de nulidad que cambiarían drásticamente el destino del procesamiento de los involucrados.
