Un nuevo foco de conflicto sacude la escena política nacional tras la adjudicación de un contrato por más de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación del personal de Cancillería. El caso cobró relevancia debido a que la Directora Ejecutiva de dicha entidad es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Mientras el Gobierno asegura que todo se realizó bajo estrictas normas de transparencia, desde la oposición ya anunciaron que llevarán el caso a los tribunales de Comodoro Py.
El canciller Pablo Quirno salió al cruce de los cuestionamientos afirmando que no existe “absolutamente ninguna irregularidad” en el vínculo con la AACI, entidad con la que el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja desde el año 2018. Según explicó el funcionario a través de sus redes sociales, al detectarse el lazo familiar entre Rouillet y Sturzenegger, se activó el protocolo de integridad previsto en el Decreto 202/2017. Este procedimiento incluyó la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), cuyos informes fueron incorporados al expediente público para avalar la legalidad del trámite.
Sin embargo, los argumentos del oficialismo no fueron suficientes para la senadora nacional Juliana Di Tullio, quien confirmó que presentará una denuncia formal contra el ministro y su esposa en los próximos días hábiles. La legisladora del bloque Justicialista considera que la contratación es “irregular” y cuestiona que la adjudicación, de carácter simple por especialidad, fuera preparada directamente por la esposa del funcionario. El contrato, que tiene una duración inicial de nueve meses con opción a prórroga, se convirtió así en el eje de una nueva disputa judicial.
Desde el entorno de Sturzenegger reiteraron que el proceso fue transparente y que la documentación está disponible para su verificación en el sistema oficial de contrataciones. No obstante, la controversia ya está instalada, poniendo nuevamente bajo la lupa los mecanismos de control sobre los vínculos entre proveedores del Estado y familiares de altos funcionarios públicos, en un contexto de fuerte tensión política entre el Ejecutivo y el Congreso.
