El 19 de febrero de 2026 quedó marcado como una fecha sin precedentes para la monarquía británica. Andrew Mountbatten-Windsor, conocido públicamente como el Prince Andrew, fue detenido por la policía bajo la acusación de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, un delito que pone bajo la lupa no solo su accionar individual sino el funcionamiento mismo de la Corona.
La detención se produjo en su residencia del complejo real de Sandringham, donde además se realizaron allanamientos. Se trata del primer arresto de un miembro activo de la familia real en siglos, un hecho que sacude a la House of Windsor en un momento de sensibilidad institucional.
Según la investigación, Andrés habría compartido información oficial con el financista estadounidense Jeffrey Epstein cuando se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido. El delito que se analiza —misconduct in public office— requiere probar un abuso deliberado de la confianza pública, un estándar jurídico alto pero potencialmente devastador.
El rey Charles III tomó distancia inmediata del caso. “La ley debe seguir su curso”, afirmó, en una declaración que buscó marcar un límite entre la institución y el escándalo personal, aunque sin despejar del todo la sombra política que se proyecta sobre la monarquía.
Un vínculo que nunca dejó de perseguirlo
El arresto es el punto culminante de una trama que comenzó hace más de dos décadas. En 2001, la estadounidense Virginia Giuffre denunció que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés cuando era menor de edad, tras haber sido captada por la red de Epstein.
El entonces príncipe negó sistemáticamente las acusaciones. Sin embargo, en 2022 aceptó un acuerdo extrajudicial millonario que incluyó una donación a la fundación de la denunciante y un reconocimiento público de que Epstein había traficado jóvenes durante años. Aquel arreglo, lejos de cerrar el caso, reforzó la percepción de que el escándalo no estaba completamente esclarecido.
Documentos judiciales posteriores difundidos en Estados Unidos volvieron a exponer vínculos y contactos no reconocidos públicamente. Según especialistas consultados por la BBC en investigaciones similares, el eje ya no se limita a las acusaciones sexuales, sino al eventual uso de funciones estatales en beneficio de intereses privados.
La caída institucional
El derrumbe fue progresivo. En 2019, tras una entrevista televisiva considerada desastrosa por la opinión pública británica, Andrés se retiró de la vida pública. Perdió funciones oficiales y honores militares.
En 2025, la decisión fue más drástica: Carlos III le retiró títulos, patronazgos y tratamiento real. Dejó de ser formalmente “Su Alteza Real” y quedó reducido a la condición de ciudadano investigado.
La historiadora constitucional Anna Whitelock definió el proceso como “la mayor desmonarquización de un royal moderno”. El comentario sintetiza el alcance simbólico de la caída: no se trata solo de una pérdida de prestigio personal, sino de un desmantelamiento público de estatus.
En 2026, la publicación de nuevos documentos judiciales estadounidenses agregó un elemento más grave: la presunta entrega de reportes oficiales de viajes comerciales del gobierno británico a Epstein. Para el jurista David Allen Green, el eje del caso es constitucional. “No es un escándalo moral sino institucional: implica usar el Estado en favor de un particular”, sostuvo en análisis públicos recientes.
Además, la policía examina denuncias vinculadas a la red de tráfico sexual durante los años en que Andrés ejercía funciones diplomáticas.
Un problema para la Corona
El impacto trasciende lo judicial. Encuestas posteriores al arresto mostraron una caída en el apoyo ciudadano a la monarquía, especialmente entre los sectores más jóvenes, donde la percepción de privilegio e impunidad genera mayor rechazo.
Durante años, el Palacio intentó aislar la figura de Andrés para preservar la institución. Sin embargo, la acumulación de revelaciones —correos electrónicos, testimonios judiciales y ahora una detención formal— volvió cada vez más difícil sostener esa separación.
Para la socióloga Pauline Maclaran, el problema excede al individuo: “Lo que está en juego es la percepción pública de privilegio y de falta de consecuencias”.
La trayectoria del duque de York representa una de las caídas más abruptas de la realeza moderna. De héroe militar en la Falklands War y figura destacada de la diplomacia comercial británica, pasó a convertirse en el epicentro de un proceso penal que amenaza con sentar un precedente histórico.
Que permanezca detenido no implica condena. La fiscalía aún debe decidir si presenta cargos formales. Pero el daño político ya está hecho. Más que un escándalo personal, el caso se convirtió en una discusión global sobre poder, privilegios y responsabilidad institucional.
Y por primera vez en siglos, la monarquía británica enfrenta una pregunta incómoda: no si un miembro de la realeza puede caer en desgracia, sino si puede terminar en prisión.
