La Casa Blanca anunció que aplicará un arancel parejo del 10% a todos sus socios comerciales, sin excepciones. La medida surge como respuesta al reciente fallo de la Corte Suprema que había bloqueado los aranceles específicos por país impuestos por Donald Trump.
A pesar de que el máximo tribunal limitó las facultades del Ejecutivo, el mandatario encontró un “atajo” legal en la Ley de Comercio de 1974. Esta norma le permite fijar aranceles de hasta un 15% por un periodo máximo de 150 días. De esta manera, el gobierno busca mantener su política proteccionista mientras intenta reconstruir los argumentos legales que la Corte echó por tierra.
La Corte Suprema, con una votación de 6 a 3, determinó que la ley de 1977 que Trump utilizaba originalmente no le daba permiso para fijar tarifas globales unilateralmente. En ese aspecto, el juez John Roberts planteó de manera clara que la ley no menciona aranceles, por lo que el presidente se había extralimitado en sus funciones.
Curiosamente, dos de los jueces nominados por el propio Trump votaron en su contra. La reacción del presidente no se hizo esperar. En una conferencia de prensa, lanzó duras críticas al tribunal y sugirió, sin presentar pruebas, que algunos magistrados podrían estar bajo influencia extranjera. Lejos de mostrarse debilitado, aseguró que este revés lo deja “más poderoso” para buscar alternativas.
El nuevo esquema del 10% es la base, pero el conflicto con ciertos países es mucho más profundo. La administración Trump mantiene su intención de aplicar gravámenes mucho más altos basándose en cuestiones geopolíticas y de seguridad.
México y Canadá tenían un impuesto del 25%, como medida de presión vinculada directamente al control del tráfico de drogas en la frontera. Con Brasil e India, el impuesto sube a 50%, en represalia por el proceso judicial contra Jair Bolsonaro y la compra de petróleo a Rusia, respectivamente.
Por ahora, todos estos países quedarán bajo el paraguas del 10% global, mientras la Casa Blanca define cómo sostener legalmente los recargos adicionales tras el límite de los 150 días.
El impacto en el bolsillo estadounidense
Aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirma que la recaudación para 2026 no se verá afectada, los analistas universitarios pintan un panorama más complejo para el ciudadano común:
Consumo caro: Según la Universidad de Yale, el consumidor enfrentará una tasa arancelaria efectiva del 9,1%, la cifra más alta registrada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (con excepción de 2025).
Posibles reembolsos: Un análisis de la Universidad de Pensilvania sugiere que las empresas afectadas por los aranceles anulados podrían reclamar devoluciones de hasta 175 mil millones de dólares, lo que anticipa una batalla legal que podría durar años.
