En un operativo de alta precisión, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina arrestaron a un hombre acusado de amenazar a la senadora nacional Patricia Bullrich. El allanamiento, realizado en el barrio porteño de Villa Crespo, reveló un inquietante arsenal y material de propaganda vinculada a movimientos de extrema izquierda.
La investigación, que se originó en mayo de 2025 a través del rastreo de redes sociales, permitió identificar a un usuario que publicaba contenido violento bajo la consigna “Muerte a los enemigos del pueblo”, ilustrada con el rostro de la entonces Ministra de Seguridad.
Lo que comenzó como una causa por amenazas digitales escaló rápidamente al ingresar al domicilio del sospechoso. Los efectivos incautaron un equipamiento que mezcla la parafernalia militar con elementos para ataques callejeros.
Había réplicas de fusiles AK-47, cinco pistolas de diversos calibres y dos revólveres. También un equipo táctico con cuatro cascos militares, máscaras antigás, cinturones con municiones de grueso calibre y cuchillos de combate.
Durante el allanamiento encontraron botellas, sogas y otros materiales listos para la fabricación de cócteles Molotov, más teléfonos inteligentes, notebooks y dispositivos utilizados para tareas de hackeo.
Según las tareas de inteligencia criminal, el imputado no actuaba de forma aislada. Se lo señala como un promotor y articulador entre sectores del movimiento de jubilados y las organizaciones de izquierda más radicalizadas.
En su vivienda se hallaron múltiples banderas del movimiento “Antifa” (organización declarada como terrorista por la actual administración de Donald Trump en EE. UU.) y banderas de Palestina, además de inscripciones antifascistas. También se secuestraron doce pines con amenazas directas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios del gabinete nacional.
La causa está bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo. El magistrado ordenó el peritaje de los dispositivos electrónicos para determinar si el detenido planeaba ataques concretos o si existían conexiones con otros grupos para coordinar actos de violencia en movilizaciones.
Este arresto marca un punto clave en la política de “tolerancia cero” ante las amenazas contra figuras del Estado, un eje que la propia Bullrich ha impulsado desde su gestión en el Ejecutivo y que ahora la tiene como víctima directa.
