El Gobierno nacional oficializó este viernes una suba parcial en los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, que comenzará a regir desde el 1° de marzo, mientras que la aplicación completa de los aumentos pendientes se trasladará al 1° de abril de 2026.
La medida fue formalizada a través del Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modifica el cronograma de actualización fiscal previsto originalmente para marzo. En lugar de aplicar la totalidad de los incrementos acumulados durante 2024 y 2025, el Ejecutivo decidió fraccionarlos para atenuar su impacto en los precios de los combustibles.
Durante el mes de marzo, solo se implementará una parte de la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). En el caso de las naftas (sin plomo y virgen), los tributos aumentarán $17,385 por litro de ICL y $1,065 por litro de IDC. Para el gasoil, el ajuste será de $14,884 por ICL y $1,696 por IDC, con un monto diferencial de $8,059 para zonas específicas como la Patagonia.
Según el texto oficial, el resto de los incrementos que estaban pendientes —y que suman ajustes correspondientes a períodos anteriores— entrarán en vigencia a partir del 1° de abril de 2026 para los hechos imponibles que se perfeccionen desde esa fecha.
El Gobierno argumentó que la decisión responde a la necesidad de estimular el crecimiento económico mediante un sendero fiscal sostenible, evitando traslados bruscos del ajuste tributario a los precios finales en los surtidores. Históricamente, los impuestos que gravan los combustibles tienen una incidencia directa en el valor que pagan los consumidores al cargar nafta o gasoil, por lo que este fraccionamiento busca moderar el impacto en los bolsillos de los usuarios.
La nueva disposición modifica lo establecido en el Decreto 617/2025, que había fijado originalmente un esquema de actualización más intenso para marzo, pero que fue reformulado por esta decisión del Ejecutivo.
Con esta medida, el Gobierno combina ajustes fiscales indispensables con intentos de suavizar tensiones inflacionarias, al tiempo que mantiene los mecanismos legales de actualización previstos en la normativa tributaria vigente.
