El escenario político nacional se traslada nuevamente a los pasillos de Comodoro Py y el Palacio de Justicia. En medio de una profunda reestructuración del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo ya diseña su “plan de contingencia” ante lo que consideran un inminente revés judicial contra la reforma laboral (Ley 27.802).
La ofensiva de la CGT
La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó una acción de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Enrique Lavié Pico. La central obrera no solo busca la nulidad de artículos clave, sino que solicita una medida cautelar urgente para suspender el traspaso de competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires y el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo.
Según el comunicado de la organización sindical, la reforma vulnera derechos fundamentales protegidos por:
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El Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
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Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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El Pacto de San José de Costa Rica, que posee jerarquía constitucional.
La estrategia oficial: Apelar y resistir
Desde Balcarce 50, fuentes oficiales confirmaron a este medio que el pronóstico interno no es optimista para las primeras instancias. “Es de prever que haya jueces que convaliden estos planteos; sabemos que hay fueros con afinidades históricas. Será una pulseada de meses”, confesó un funcionario cercano al Presidente.
Sin embargo, la hoja de ruta del Gobierno es clara: apelar cada fallo desfavorable hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. La confianza del Ejecutivo reside en que el Máximo Tribunal terminará validando lo sancionado por el Congreso de la Nación.
El reciente desembarco de Juan Bautista Mahiques en la cartera de Justicia, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, trajo consigo un cambio de tono hacia la Corte. A diferencia de momentos de tensión previa, el nuevo ministro ha tenido gestos de acercamiento, destacando que el tribunal “está dando respuestas a la sociedad”.
La presencia de los tres miembros de la Corte en la apertura de sesiones ordinarias encabezada por Javier Milei fue leída como una tregua institucional. Por ahora, el Gobierno ha decidido enfriar cualquier proyecto que busque modificar el funcionamiento del Máximo Tribunal, priorizando que este actúe como el árbitro final en la validez de las reformas estructurales del Estado.
