La situación judicial de la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, se complica cada vez más. La magistrada en lo Civil, Comercial y de Minería, Vanessa Kozaczuk, ordenó un nuevo embargo sobre los activos de la legisladora por una suma superior a los 31 millones de pesos, en el marco de una demanda por daños y perjuicios vinculada a sus negocios inmobiliarios.
La medida responde a la denuncia presentada por Alejandro Kanjer, quien asegura haber sido damnificado tras adquirir un lote en el emprendimiento “Tajamar”, propiedad de Villaverde. Según el demandante, se realizaron pagos y transferencias bajo la promesa de obras de infraestructura que nunca se concretaron, impidiéndole además avanzar con la escrituración del terreno.
Este no es el primer revés económico para la diputada. En diciembre pasado, el juez civil de Bariloche, Santiago Morán, ya había ordenado un embargo preventivo por $40,5 millones, afectando incluso su dieta y aguinaldo como legisladora.
Las demandas tienen un patrón común: compradores del loteo Tajamar, ubicado en las cercanías de Las Grutas, reclaman por la falta de entrega de los servicios básicos y la infraestructura comprometida durante las ventas realizadas en el año 2020. El juez Morán fundamentó su decisión en el “riesgo que implicaría la demora” del proceso judicial ante el perfil de la demandada.
El “prontuario” que incomoda a la Casa Rosada
El escándalo inmobiliario es solo la superficie de los problemas de Villaverde. Su figura quedó en el centro del foco público tras conocerse antecedentes judiciales que incluyen:
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Causa por estupefacientes: Un expediente del año 2002 en Estados Unidos por tenencia de drogas.
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Vínculos polémicos: Señalamientos por su relación con el entorno de Fred Machado, el narcoempresario vinculado también al renunciado José Luis Espert.
Cabe recordar que, debido a estos antecedentes y la inminente impugnación de su pliego, Villaverde optó por no asumir su banca en el Senado en diciembre pasado para no “perjudicar al Gobierno”. Aunque inicialmente amagó con renunciar también a su escaño en la Cámara de Diputados, finalmente decidió conservar su banca, aunque su poder político se ha visto fuertemente erosionado por estas resoluciones judiciales.
La nueva resolución de la jueza Kozaczuk afecta cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos y títulos públicos a nombre de la diputada hasta cubrir los $31.549.088,95. A diferencia del embargo de diciembre, esta medida exceptúa específicamente su sueldo estatal, buscando cobrar de sus activos privados y financieros.
