La transición de la disuelta IOSFA hacia la nueva estructura denominada OSFA ha sumergido a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en una crisis prestacional sin precedentes. A tres meses de los anuncios oficiales, militares de alto rango y afiliados denuncian que la cobertura es “nula” en puntos estratégicos como Tucumán, Salta y otras provincias del norte, además de centros urbanos como Mar del Plata, Trelew y Bahía Blanca. La situación ha derivado en una ola de judicialización, donde los damnificados deben costear de su bolsillo desde consultas básicas hasta cirugías de alta complejidad.
El trasfondo de la crisis revela un complejo entramado de deudas y disputas políticas:
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Déficit fuera de control: El pasivo de la obra social escaló de $70.000 millones a mediados de 2024 hasta alcanzar los $210.000 millones proyectados para junio de 2025.
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Desvío de fondos: Se denuncia que un préstamo de $40.000 millones otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), originalmente destinado a equipamiento médico, se utilizó para cubrir gasto corriente y deudas con droguerías, sin lograr frenar el déficit estructural.
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Interna entre fuerzas: Existe un marcado malestar en la Fuerza Aérea, que acusa una “militarización” (predominio del Ejército) en la conducción de la nueva OSFA, denunciando que se priorizan pagos en el AMBA y zonas de influencia del Ejército, postergando al resto de las unidades del país.
Cruce político y sospechas de corrupción
La crisis también ha reavivado la interna en el Poder Ejecutivo. La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó directamente contra la gestión del exministro de Defensa, Luis Petri, calificando la situación como un “desfalco”. Las críticas se centran en el círculo de funcionarios mendocinos que lideraron la obra social, sobre quienes recaen sospechas de haber utilizado recursos de los afiliados para fines electorales. En el ojo de la tormenta aparece también el empresario Fernando Riccomi, señalado por presuntos vínculos con el manejo de fondos de campaña a través de la estructura del ministerio.
Mientras el Gobierno sostiene que la disolución de IOSFA era la única salida ante un organismo quebrado, los 20.000 afiliados solo en la zona de Mar del Plata y los miles distribuidos en el norte argentino enfrentan un panorama de incertidumbre total. Sin una cadena de pagos restablecida con clínicas y prestadores locales, la sanidad militar se encuentra hoy bajo la figura de “vaciamiento”, dejando a las familias de los uniformados en un estado de vulnerabilidad que, según advierten los mandos medios, ya comenzó a saturar los tribunales con medidas cautelares de urgencia.
