La Justicia Federal de Santiago del Estero dictó el procesamiento de tres efectivos de Gendarmería Nacional (GNA), acusados de montar un retén ilegal para exigir dinero a una familia que regresaba de realizar compras en Salta. El juez Sebastián Argibay consideró que existen pruebas suficientes para avanzar contra los uniformados por el delito de “exacciones ilegales agravadas”, una figura penal que castiga el abuso de funciones para el cobro de dádivas o multas indebidas.
Los procesados —actualmente en disponibilidad— fueron identificados como Guillermo Guido Prevosti, Luciano Nicolás Cristaldo y José Francisco Romano. Según expresa la resolución, los agentes habrían aprovechado su autoridad para “peajear” a ciudadanos en un operativo que incluyó persecuciones y amenazas de decomiso.
El hecho, investigado por el fiscal Pedro Simón, ocurrió la noche del 12 de enero de 2025. Las víctimas viajaban desde Aguas Blancas (Salta) hacia la capital santiagueña en una camioneta cargada con mercadería minorista (mochilas, medias y artículos infantiles).
En Pozo Hondo, una patrulla de GNA salió de un camino secundario a gran velocidad, los sobrepasó y les ordenó detenerse. Tras un control rutinario, los dejaron seguir. Sin embargo, una hora después, en la zona de “Las Tijeras” (La Banda), la misma camioneta oficial reapareció.
Esta vez, la actitud fue mucho más agresiva. “Tienen que entregarme $ 80.000, si no les sacamos todas las cosas”, habría sido la advertencia directa de uno de los gendarmes tras revisar la carga.
Ante la desesperación de las víctimas, quienes aseguraron tener solo $ 30.000, el gendarme procedió a revisar personalmente la riñonera de una de las mujeres. Tras quedarse con el dinero disponible, $30.000 les permitió continuar el viaje.
A pesar de que los acusados se abstuvieron de declarar y su defensa, a cargo de Javier Leiva, argumentó que el relato de las denunciantes era “fabulado” e inconsistente por falta de pruebas objetivas, el juez Argibay desestimó estas objeciones.
Para el magistrado, el testimonio de las víctimas es coherente y detallado en cuanto a la modalidad del control. Además, la pericia sobre los celulares de los gendarmes no pudo ser realizada por la propia Gendarmería en Santiago, por lo que debió intervenir la División de Comunicaciones de la Policía Federal.
Este delito, previsto en los artículos 266 y 268 del Código Penal, ocurre cuando un funcionario público abusa de su cargo para exigir contribuciones o beneficios que no corresponden por ley. En este caso, la gravedad radica en que los fondos no tenían un fin administrativo, sino que habrían ido directamente a los bolsillos de los efectivos, afectando la probidad de una de las instituciones de seguridad más importantes del país.
