Un nuevo escenario de tensión se vive en los territorios comunitarios de Las Abras, en el departamento Mitre. A través de un duro informe, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-VC) denunció el resurgimiento de un conflicto histórico que afecta a cientos de familias de la Comunidad Indígena Sentimiento de Mi Tierra, del Pueblo Sanavirón, quienes enfrentan un resurgimiento de inseguridad y hostigamiento.
La organización apunta contra una red de personajes con antecedentes delictivos que, según la denuncia, estarían operando bajo las órdenes de un nuevo actor en la zona: el ejecutivo español José Frederick San Román Marshall.
Un conflicto de cuatro décadas
La disputa por estas tierras no es nueva; arrastra más de 40 años de violencia vinculada al empresario español Alfonso Fuentes Barrau. A este personaje se lo señala como responsable de la destrucción del paraje Las Abras, fumigaciones ilegales, la matanza de miles de animales y episodios fatales como la muerte de la pobladora Alicia Cisneros.
Según el MOCASE, ante el deterioro de salud de Fuentes Barrau, han surgido “nuevos conspiradores” que buscan apoderarse del territorio mediante la expulsión forzosa de las familias ancestrales.
Los nombres detrás de la denuncia
El comunicado identifica una supuesta asociación ilícita conformada por:
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Diego Kemel: Antiguo encargado de la estancia “Las Abras”, con antecedentes de investigación por vínculos con “piratas del asfalto”, robo organizado y malversación de fondos públicos durante gestiones municipales en la ciudad de Pinto entre 1995 y 2005.
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Andrés Cadamuro: Empresario cordobés conocido en la zona por intentos previos de acaparamiento de tierras mediante el uso de bandas armadas.
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José Frederick San Román Marshall: Presentado como un CEO con manejo de activos internacionales y representante legal de Fuentes Barrau desde noviembre de 2025.
Antecedentes de violencia y “vigilancia ilegal”
La preocupación de las comunidades se fundamenta en los hechos de octubre de 2024, cuando una banda armada —comandada por el policía retirado Franco Luna— efectuó más de 100 disparos contra familias que defendían un camino vecinal. Por aquel entonces, tanto Cadamuro como Luna y Kemel terminaron detenidos.
Sin embargo, tras recuperar la libertad bajo fianza, los denunciantes aseguran que estos sujetos han vuelto a circular por Las Abras. Denuncian que montaron una vigilancia ilegal sobre niños y ancianos, utilizando vehículos desconocidos para amedrentar a quienes producen y viven en esas tierras desde hace cuatro generaciones.
“A las comunidades se las saca a los tiros”
El punto más crítico de la denuncia refiere a las gestiones comerciales que estaría realizando San Román Marshall. Según el MOCASE, el ejecutivo ofrece tierras comunitarias a terceros ocultando su situación legal y judicial.
“En conversaciones comerciales, se ha escuchado a San Román manifestar que ‘a las comunidades originarias se las saca a los tiros'”, sostiene el documento, lo que representa una amenaza directa a la integridad física de los pobladores y confirmaría la intención de retomar métodos violentos de usurpación.
Desde el MOCASE-VC reafirmaron su compromiso con el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero para garantizar la paz social y evitar que el conflicto escale hacia nuevos episodios de sangre.
Al mismo tiempo, advirtieron a potenciales compradores “de buena fe” sobre la irregularidad de los ofrecimientos de tierras en Las Abras, instando a la unidad del pueblo santiagueño para defender el derecho a la propiedad y la posesión ancestral frente a intereses extranjeros.
