La Academia Nacional de Periodismo emitió un duro comunicado denunciando una maniobra de persecución judicial contra la periodista y abogada Natalia Volosin. La entidad vinculó el accionar del fiscal federal Eduardo Taiano con un intento de vulnerar el secreto profesional, luego de que Volosin revelara detalles del caso $LIBRA, una investigación que apunta a un presunto acuerdo financiero entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis.
La situación tomó un giro dramático tras las declaraciones de la propia Volosin, quien fue la primera citada a declarar. La periodista denunció que el fiscal no solo la investigó, sino que expuso sus datos personales, facilitando que fuera víctima de hostigamiento. “Yo tendría que ser testigo protegido”, sentenció la abogada, cuestionando que el Poder Judicial la coloque en el lugar de investigada por cumplir con su labor informativa.
La reconstrucción de los tiempos procesales revela irregularidades que la Academia y la periodista califican de intencionales:
Secuestro y extracción: En marzo de 2025, la Justicia secuestró los dispositivos de los intermediarios Mauricio Novelli y Sergio Morales. Para mayo de ese año, la información ya había sido extraída.
Demora electoral: Denuncian que el fiscal Taiano esperó a que pasaran las elecciones legislativas para ordenar el análisis de los contenidos a los peritos, retrasando deliberadamente el avance de la causa.
Ocultamiento de pruebas: Una vez analizados, Taiano habría “escondido” los informes que comprometían directamente al Gobierno nacional, manteniéndolos fuera del expediente principal durante meses.
El comunicado de la Academia, firmado por Joaquín Morales Solá y Silvia Naishtat, remarcó que la labor de Volosin es un hecho periodístico protegido por el artículo 43 de la Constitución Nacional. La entidad exigió el cese inmediato de las presiones para que la cronista revele sus fuentes, calificando el accionar de Taiano como una amenaza directa a la seguridad jurídica de los profesionales de la comunicación.
La revelación de este contrato forzó la reactivación de un expediente que permanecía estancado en Comodoro Py. El foco de la sospecha es un presunto pago de 5 millones de dólares y un compromiso de promoción estatal para una moneda privada. Mientras la Justicia parece enfocarse en el proceso de “filtración” de los documentos, la salud del sistema democrático queda en vilo ante la posibilidad de que se criminalice a quienes auditan al poder.
