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Nuevos datos en la causa $LIBRA y presión política sobre el Gobierno nacional

El escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA volvió a tomar fuerza en las últimas horas tras la filtración de pericias realizadas sobre el teléfono de un empresario relacionado con el lanzamiento del token. La información difundida reactivó cuestionamientos políticos y judiciales que podrían involucrar al presidente Javier Milei y a integrantes de su entorno más …

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Redacción Info del Estero
16 de marzo de 2026 · 2 min de lectura
Nuevos datos en la causa $LIBRA y presión política sobre el Gobierno nacional
FotoNuevos datos en la causa $LIBRA y presión política sobre el Gobierno nacional

El escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA volvió a tomar fuerza en las últimas horas tras la filtración de pericias realizadas sobre el teléfono de un empresario relacionado con el lanzamiento del token. La información difundida reactivó cuestionamientos políticos y judiciales que podrían involucrar al presidente Javier Milei y a integrantes de su entorno más cercano.

La investigación gira en torno a la promoción de la criptomoneda realizada por el mandatario en su cuenta de la red social X, publicación que impulsó una fuerte suba en la cotización del activo digital. Posteriormente, el mensaje fue eliminado, mientras que el token registró movimientos que dejaron ganancias millonarias para algunos operadores y pérdidas para numerosos inversores.

Según trascendió, uno de los nombres que aparece en la trama es el del empresario estadounidense Hayden Davis, quien habría tenido reuniones previas con el Presidente en la Casa Rosada antes del lanzamiento de la criptomoneda. También figura como intermediario el empresario Mauricio Novelli, cuyo teléfono fue peritado en el marco de la causa judicial.

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De acuerdo con las revelaciones difundidas, entre los archivos hallados en el dispositivo habría un borrador de contrato por unos 5 millones de dólares relacionados con la promoción del token, monto que se habría dividido en varios pagos vinculados a la difusión del proyecto.

La investigación judicial se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y se encuentra a cargo del fiscal Eduardo Taiano. En paralelo, legisladores de la oposición impulsan una comisión parlamentaria para analizar el caso y exigir explicaciones a funcionarios del Gobierno.

Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones y sostienen que la información difundida no fue verificada. Funcionarios cercanos al Ejecutivo también cuestionaron el origen de las filtraciones y apuntaron contra sectores de la oposición y algunos medios de comunicación.

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