El Gobierno le pone fecha a la reforma de la Ley de Glaciares y busca endurecer el Código Penal

El Congreso de la Nación se prepara para un mes de abril con debates de alto voltaje. El oficialismo ya definió el 8 de abril como la fecha tentativa para sesionar en la Cámara de Diputados y sancionar la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que genera fuertes controversias por el cambio en el paradigma de protección ambiental. La iniciativa propone limitar la protección solo a aquellas formaciones que tengan una función hídrica “relevante”, lo que abriría la puerta a actividades productivas, como la minería, en zonas que hoy están resguardadas por la normativa vigente. El primer paso será una audiencia pública este miércoles y jueves, que ya cuenta con más de 80 mil inscriptos, aunque desde La Libertad Avanza buscan agilizar el proceso permitiendo que la mayoría de las exposiciones se realicen de forma escrita o virtual.

Este avance legislativo otorga un mayor protagonismo a las provincias en la definición de las zonas a preservar, un punto que despierta interrogantes sobre la jurisdicción de recursos hídricos que exceden los límites provinciales. Mientras tanto, el Gobierno nacional busca utilizar este impulso para desplazar el foco mediático de las causas judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntando a una ambiciosa agenda que incluye reformas en las leyes de expropiaciones, tierras y fuegos. Tras el debate ambiental, la estrategia oficialista se centrará en la reforma del Código Penal para aumentar las penas en delitos graves y siniestros viales, confiando en que el consenso logrado con la baja de la edad de imputabilidad les otorgará los votos necesarios en el recinto.

En una segunda instancia, la planificación oficial prevé avanzar con la reforma política, donde el objetivo principal para mediados de año es lograr la suspensión de las PASO y el fin del financiamiento público a los partidos políticos. Sin embargo, temas sensibles como el financiamiento universitario y las leyes de discapacidad quedarán relegados a un segundo plano hasta que el Ejecutivo logre consolidar los acuerdos necesarios. Con este cronograma, el Gobierno apuesta a una “ofensiva legislativa” que busca capitalizar el apoyo social en materia de seguridad y desarrollo económico, mientras intenta sortear las presiones externas de los sectores académicos y sociales.