En una jornada cargada de tensión, el abogado ambientalista Enrique Viale anunció que denunciará a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad de funciones y cohecho, mientras la oposición acusó al oficialismo de “farsa” por excluir al 99% de los oradores inscriptos.
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados escaló a un nivel judicial inesperado este miércoles, tras la exposición de Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Durante su intervención, Viale anunció que presentará una denuncia penal contra la senadora salteña Flavia Royón por incompatibilidad en la función pública y presunto cohecho, acusándola de representar intereses de transnacionales mineras mientras ejerce su cargo legislativo. Según el letrado, la senadora posee una consultora que asesora a la firma Río Tinto, una de las principales beneficiadas por la modificación de la norma, disparando además duros cuestionamientos hacia el diputado libertario José Peluc por supuestos vínculos entre miembros de su partido y proveedores del sector minero.
Cruces por la exclusión de oradores y micrófonos cortados
El clima de confrontación dentro de la sala alcanzó su punto máximo cuando el diputado de izquierda Nicolás del Caño increpó a las autoridades de la comisión por haber dejado fuera al 99,9% de los inscriptos, calificando la instancia como un simulacro de participación. Ante los gritos en el recinto, el diputado Peluc respondió de manera irónica afirmando que la convocatoria era “todo un éxito” debido al alto número de anotados, lo que provocó la indignación de la oposición que señaló el vacío del salón como prueba de la exclusión. La tensión también afectó a funcionarios provinciales, como la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, a quien se le cortó el micrófono luego de introducir críticas políticas directas contra el oficialismo en medio de su argumentación técnica.
Un debate bajo la sombra de la judicialización
Referentes de gran peso institucional como la autora de la ley original, Marta Maffei, y el exministro Daniel Filmus, coincidieron en que el actual esquema de la audiencia busca legitimar un retroceso ambiental que afectará la seguridad jurídica de las inversiones. Filmus advirtió que reemplazar criterios científicos por decisiones políticas derivará inevitablemente en una ola de judicialización que terminará en la Corte Suprema, mientras que Viale sentenció que la reforma tiene nombre y apellido de empresas transnacionales a las que se les está entregando el agua de manera permanente. Con movilizaciones en las afueras del Congreso y un expediente cargado de impugnaciones, el tratamiento de la ley queda envuelto en una crisis de legitimidad que amenaza con paralizar su avance legislativo.
