La Asamblea Legislativa ratificó la reforma impulsada por Nayib Bukele que elimina el procedimiento especial juvenil para homicidas, violadores y pandilleros, permitiendo que criminales menores de 18 años reciban penas de cárcel de por vida.
En un movimiento que profundiza la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves la aplicación de la prisión perpetua para menores de 18 años que cometan delitos de homicidio, violación o actos terroristas vinculados a pandillas. La reforma legal establece la “inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” que históricamente protegía a los menores en conflicto con la ley penal, incorporando la pena máxima dentro de un catálogo excepcional. Esta medida forma parte del endurecimiento legislativo en el marco de la “guerra” contra las maras, que ya cumple cuatro años bajo un régimen de excepción que ha transformado el sistema judicial del país centroamericano.
Revisiones periódicas y libertad controlada
A pesar de la contundencia de la pena, el texto de la reforma a la Ley Penal Juvenil contempla un mecanismo de “revisiones periódicas” para los condenados. El objetivo de estas evaluaciones será determinar el nivel de rehabilitación alcanzado y el riesgo que el individuo representa para la sociedad, con el fin de considerar una posible “libertad controlada” en casos específicos. No obstante, las autoridades legislativas fueron enfáticas al señalar que la prioridad es la seguridad de las familias salvadoreñas. “Le hemos dado a los ciudadanos la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”, aseguró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, tras la votación que contó con el respaldo de 58 de los 60 diputados.
Críticas internacionales y contexto político
La ratificación de la reforma constitucional se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos por parte de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, que han señalado a la administración de Bukele por presuntos crímenes de lesa humanidad en su lucha contra la delincuencia. Sin embargo, el gobierno salvadoreño mantiene un altísimo nivel de aprobación interna para estas medidas, argumentando que la distinción por edad no debe ser un atenuante para quienes integran estructuras terroristas. La nueva normativa entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, consolidando un modelo penal que busca la eliminación definitiva de la influencia de las pandillas en la vida pública.
