El chalet, ubicado en una zona exclusiva de Martínez, fue atribuido inicialmente al vocero Manuel Adorni, quien negó ser el propietario mientras crecen las sospechas sobre otros altos funcionarios y un empresario del sector cripto.
En el seno del gobierno de Javier Milei existe una extrema preocupación por la difusión de datos sobre una coqueta mansión en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro. El inmueble, un chalet situado en la intersección de las calles Vieytes y Presidente Quintana, se encuentra en una de las zonas más exclusivas de la provincia de Buenos Aires, a escasos metros de la costanera. Según estimaciones del mercado inmobiliario, el valor de la propiedad no bajaría del millón y medio de dólares, una cifra que ha encendido las alarmas sobre la compatibilidad patrimonial de los funcionarios que podrían estar residiendo en ella.
Las explicaciones de Adorni y la custodia federal
La vinculación de esta propiedad con Manuel Adorni surgió a principios de semana, obligando al vocero presidencial a brindar explicaciones públicas. Adorni calificó la información como una “operación política y mediática” destinada a dañar la imagen del Gobierno, aunque admitió poseer un departamento en el barrio porteño de Caballito del que no se tenía registro previo. Sin embargo, el misterio persiste en el barrio de Martínez, donde los vecinos aseguran que la vivienda cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina, un beneficio exclusivo para altos mandos de los poderes Ejecutivo o Judicial, lo que confirma que un funcionario de relevancia habita el lugar.
La conexión con el mercado cripto y Libra
De acuerdo con los registros públicos, la mansión figura a nombre del empresario Álvaro Castro Burgueño desde abril de 2025, un desarrollador vinculado a la tokenización de inmuebles y al mundo de las criptomonedas. La investigación sugiere una conexión con el fallido lanzamiento de “Libra”, un negocio en el que Adorni habría tenido una participación activa según pericias realizadas en teléfonos de empresarios del sector. Fuentes cercanas a la Casa Rosada revelaron que existirían gestiones frenéticas para evitar que los medios de comunicación profundicen en la titularidad del chalet, ante el temor de que el escándalo erosione la narrativa de transparencia y lucha contra la “casta” que sostiene la gestión libertaria.
