El Gobierno de Javier Milei resolvió declarar “persona non grata” al máximo representante diplomático de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani. El funcionario, que se desempeñaba como encargado de negocios ad interim, fue notificado este jueves de que dispone de un plazo máximo de 48 horas para abandonar el territorio nacional.
La medida fue formalizada por el canciller Pablo Quirno, invocando el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. La drástica decisión va de la mano con las medidas tomadas anteriormente por el Ejecutivo, en consonancia con la postura de Argentina frente a Teherán.
Soltani Tehrani era el principal enlace oficial del régimen iraní en Buenos Aires desde que sus credenciales fueron aceptadas en diciembre de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández. Su expulsión implica el desmantelamiento del canal de diálogo directo entre ambos países.
El detonante de esta crisis diplomática fue la reacción de Irán luego de que la Argentina oficializara la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. A través de un comunicado de su embajada en Uruguay, el régimen islámico condenó la medida argentina, calificándola de “acción ilegal” y “declaración inapropiada”.
Irán advirtió que la decisión “perjudica seriamente las relaciones bilaterales” y establece un “precedente peligroso”. Además, sostuvieron que la medida parece tomada “bajo la influencia del régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos”, tildándola de “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. En un tono amenazante, el comunicado afirmó que el presidente Milei y el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia”.
La respuesta argentina se fundamenta en la reciente incorporación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta inclusión no solo ratifica la condición de organización terrorista, sino que ordena el congelamiento administrativo inmediato de todos sus bienes y activos, prohibiéndole operar en el sistema financiero nacional. Adicionalmente, se estableció un sistema de control obligatorio por el cual toda actividad vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Desde el Ejecutivo argentino sostuvieron que “las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia” han determinado de manera concluyente que los dos atentados terroristas perpetrados en el país (Embajada de Israel y AMIA) “fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. El Gobierno hizo mención específica a Ahmad Vahidi, acusado por el atentado a la AMIA en 1994 y recientemente nombrado comandante en jefe de dicha fuerza militar iraní.
