Durante el plenario realizado en Catamarca, ADPRA solicitó formalmente a la Secretaría de Energía de la Nación que los meses de marzo y noviembre sean incluidos en el esquema de subsidios estacionales. El pedido busca elevar el tope de consumo subsidiado a 550 kWh, considerando las temperaturas extremas que azotan a nuestra región y que disparan la demanda energética.
Los defensores advirtieron que la combinación de la quita de subsidios y la dolarización de las tarifas ha generado un escenario de vulnerabilidad extrema. Según el diagnóstico del plenario, el impacto ya no solo golpea a los sectores informales, sino que ha alcanzado a empleados formales, jubilados y electrodependientes, quienes hoy deben recurrir al endeudamiento para pagar un servicio básico.
El reclamo por marzo y noviembre
Uno de los puntos centrales del documento enviado a Nación es la revisión de los criterios de segmentación. Los defensores explicaron que el límite de consumo actual es insuficiente para el Norte. El pedido puntual fue que se incorporen marzo y noviembre al esquema de beneficios. Mientras que el tope solicitado consistió en elevar a 550 kWh el límite subsidiado para estas zonas bioambientales cálidas. Todo bajo el argumento de que en estas provincias, el uso de refrigeración no es un lujo, sino una necesidad vital por las altas temperaturas.
Datos recientes analizados en el encuentro reflejan un alarmante incremento en los niveles de morosidad. Las familias están destinando una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de servicios, lo que evidencia un deterioro sostenido del poder adquisitivo y una dependencia creciente del crédito para cubrir gastos esenciales.
Otros temas en agenda
Además de la emergencia energética, el plenario de ADPRA conformó comisiones de trabajo para abordar, en primer lugar infraestructura, especialmente el preocupante estado de las rutas nacionales, y en segundo lugar pero, no por eso menos importante, la protección de menores, en cuanto a la regulación del uso de internet y redes sociales en niños, niñas y adolescentes para prevenir riesgos digitales.
Desde la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, se instó a una respuesta articulada y urgente del Estado Nacional para garantizar el acceso equitativo a la energía, entendida como un derecho básico y esencial.
