Un grupo de diputados nacionales, que incluye a referentes de la Coalición Cívica como Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, junto a legisladores de Unión por la Patria como Rodolfo Tailhade e Itai Hagman, formalizó una denuncia penal contra el fiscal Eduardo Taiano. La presentación sostiene que el funcionario judicial incumplió sus deberes de funcionario público al generar dilaciones injustificadas en el expediente que investiga las presuntas irregularidades de la criptomoneda promocionada por el Ejecutivo nacional. Para los denunciantes, el accionar del fiscal configura un escenario de opacidad que atenta contra los mecanismos de control institucional.
El manejo irregular de los tiempos y las pruebas
El nudo de la acusación reside en el manejo de la evidencia digital secuestrada a los implicados Mauricio Novelli y Sergio Morales. Según el escrito, aunque el material electrónico fue incorporado a la fiscalía entre marzo y mayo de 2025, Taiano recién ordenó el análisis de estos dispositivos en septiembre, dejando pasar meses críticos para la investigación. Esta demora es leída por los legisladores no como una cuestión administrativa, sino como una retención indebida de pruebas clave que podrían comprometer la estructura de la maniobra financiera vinculada al empresario estadounidense Hayden Davis.
La tensión entre el Congreso y Comodoro Py
Otro punto de fuerte fricción es la negativa del fiscal a permitir que la comisión investigadora del Congreso acceda al expediente. Los diputados remarcan que esta decisión rompe con antecedentes históricos de cooperación judicial en causas de alto impacto, como el atentado a la AMIA o el hundimiento del ARA San Juan. Sostienen que, mientras se bloquea el acceso a los legisladores, Taiano ha desviado el foco de la causa principal para perseguir filtraciones de información, llegando incluso a citar a la periodista Natalia Volosín, lo cual es interpretado como un intento de amedrentamiento y distracción procesal.
La falta de imputaciones y el “mal desempeño”
A pesar de contar con comunicaciones y registros de acuerdos económicos que —según la denuncia— son elementos probatorios suficientes, la causa no registra llamados a indagatoria ni imputaciones formales. Por esta falta de impulso penal, los legisladores concluyen que Taiano ha vulnerado el principio de objetividad que rige al Ministerio Público Fiscal. La denuncia penal busca ahora que se determine si estas omisiones forman parte de una estrategia deliberada para garantizar la impunidad en una trama que mezcla el poder político con el opaco mundo de los activos digitales.
