La diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica (CC), presentó ayer una denuncia judicial para que se investigue los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza. Según la presentación, los montos adjudicados alcanzarían el equivalente a 350.000 dólares en algunos casos.
Frade busca que la Justicia determine si estos créditos, otorgados con fondos públicos, son el resultado de la “aplicación estricta” del manual de procedimientos del Banco Nación o si, por el contrario, se concedieron mediante un “relajamiento” de los requisitos exigidos a cualquier ciudadano común. En declaraciones a Clarín, la diputada enfatizó la necesidad urgente de saber si “los fondos de los ahorristas se están usando para pagar favores políticos”, solicitando una investigación “sin influencias”.
Ante las acusaciones, Carolina Píparo, directora del Banco Nación, defendió la gestión de la entidad. En diálogo con Clarín dijo que “a la hora de evaluar personalmente un crédito hipotecario, no importa con qué espacio político simpatices, lo que verdaderamente importa es que el Banco Nación ofrece el mejor crédito del mercado a todos sus clientes”, señaló.
Píparo aseguró que respecto a los 27.000 créditos otorgados bajo esta gestión, “no hubo ilegalidad, ni discrecionalidad ni excepciones”. Afirmó que todos los préstamos pasaron por la misma evaluación en un proceso “100% digital y claramente trazable”, midiendo ingresos y capacidad de pago para mitigar riesgos.
Fuentes internas del Banco Nación reforzaron al medio citado la postura de Píparo, sosteniendo que “no hubo nada ilegal ni nada turbio”. Explicaron que la evaluación crediticia se realiza de la misma manera para todos los solicitantes. “No se le dio un crédito a alguien que no podía acceder ni se otorgó más plata de la que podía haber recibido. El scoring les daba a todos para recibir el crédito que recibieron”, puntualizaron.
Además, insistieron en que “no hay nada fuera de la norma”. La entidad también destacó en un comunicado que otorgan “nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina”, consolidándose como referencia en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica.
El escrito presentado por Frade califica la situación como un “festival de créditos libertarios”, argumentando que los beneficiarios pertenecen predominantemente al sector oficialista o aliados recientes. La denuncia se basa en información pública que cruzó datos de la Central de Deudores del Banco Central con el visualizador “¿Cuánto Deben?”, desarrollado por Andrés Snitcofsky para rastrear la deuda de personas políticamente expuestas.
La diputada detalló en su denuncia a varios funcionarios que habrían obtenido préstamos millonarios. Entre los casos más destacados con créditos más altos, equivalentes a unos US$ 350.000, se encuentran Juan Pedro Inchauspe (miembro del directorio del BCRA, con $510 millones adjudicados en diciembre) y Felipe Núñez (asesor de Luis Caputo y director del BICE, con $373 millones en febrero).
La lista de beneficiados que Frade solicita investigar incluye también a: Juan Pablo Carreira (Oficina de Respuesta Oficial, $113 millones), Federico Furiase (Secretario de Finanzas, $376 millones), Emiliano José Mongilardi (Director de YPF, $309 millones), Mariano Campero (Diputado), Santiago Santurio (Diputado, $340 millones en julio de 2025), Lorena Villaverde (Diputada), Alejandro Bongiovanni (Diputado).
La denuncia hace especial hincapié en el caso de la diputada Lorena Villaverde. Frade alega que su par obtuvo un préstamo de 227 millones de pesos a pesar de que la sucursal del Banco Nación de su domicilio en Cipolletti (Río Negro) le había rechazado la carpeta “por sus antecedentes reiterados en aparente conflicto con la ley penal”. Según la información de la denuncia, el impedimento habría sido destrabado por el propio presidente del banco, Daniel Tillard.
Posibles delitos y pedido de pruebas
Frade argumenta que el otorgamiento de estos créditos podría comportar “fallas” en la evaluación de la “capacidad de repago”, un requisito normativo del Banco Central basado en la estabilidad de ingresos. Sostiene que otorgar financiamiento a funcionarios sin estabilidad garantizada o a legisladores con mandatos limitados implica otorgar un crédito que se sabe de antemano que podría entrar en mora.
La denuncia encuadra los hechos bajo posibles delitos tipificados en el Código Penal. Frade señala que, de comprobarse que la posición política o el vínculo con las autoridades del banco influyeron en la aprobación de créditos que de otro modo habrían sido rechazados, el tipo penal aplicable sería el tráfico de influencias (Art. 256). También se mencionan el incumplimiento de deberes de funcionario público (Art. 248) y las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Art. 268).
Para la investigación, Frade solicitó que se revean los legajos completos, a partir de librar oficio al Banco Nación para obtener los expedientes crediticios de todos los involucrados. También solicitó obtener las actas donde se aprobaron estas operaciones y la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional para evaluar perjuicios económicos.
