La controversia se desató luego de que Bolivia reafirmara su apoyo a la postura de las Naciones Unidas, considerando la soberanía de las islas como una disputa pendiente que debe resolverse mediante negociaciones pacíficas entre Argentina y Gran Bretaña.
El gobierno boliviano, bajo la administración de Rodrigo Paz, calificó como “legítimos reclamos” las acciones impulsadas por Argentina. A través de su Cancillería, Bolivia sostuvo que esta posición se enmarca estrictamente “en el respeto al derecho internacional, en la solución pacífica de las controversias y en el multilateralismo”.
La respuesta británica no se hizo esperar. El embajador del Reino Unido en Bolivia, Richard Porter, tildó la publicación boliviana como una “intervención profundamente decepcionante e inaceptable en los asuntos soberanos del Reino Unido”. Porter fue tajante al afirmar que las islas “son británicas y su soberanía no está en cuestión”.
Ante esto, la diplomacia argentina, a cargo del canciller Pablo Quirno, emitió un comunicado celebrando y respaldando la reacción de Bolivia frente a lo que consideró “expresiones desafortunadas” del embajador británico. El malestar de Londres se habría originado por la participación del vicecanciller boliviano en un acto de conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en el conflicto del Atlántico Sur, organizado por la Embajada argentina en La Paz.
“La República Argentina agradece profundamente el histórico y valioso respaldo del Estado Plurinacional de Bolivia a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, ponderó el Palacio San Martín.
La Cancillería argentina reforzó la idea de que la Cuestión Malvinas constituye una “situación especial y particular de colonialismo”, alineándose con lo expresado por Bolivia respecto a la necesidad de una solución negociada, pacífica y definitiva, de conformidad con la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otras resoluciones pertinentes.
Finalmente, Argentina criticó la reiterada invocación del Reino Unido al principio de libre determinación de los pueblos para evitar el diálogo. Para el gobierno argentino, este principio no es aplicable al caso Malvinas, argumentando que no existe allí un “pueblo colonizado”, sino una población establecida por la potencia ocupante tras la expulsión de las autoridades y la población argentina en 1833.
En este contexto, calificaron de inválido el referéndum realizado por los isleños en 2013. Cancillería concluyó reafirmando que la causa Malvinas es una “causa regional” y reiteró su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales.
