Leandro Massaccesi fue apartado de su cargo tras la polémica por un préstamo millonario del Banco Nación; el funcionario defendió la legalidad de su acceso a la vivienda propia.
La estructura del Ministerio de Capital Humano sufrió una nueva baja de peso tras la salida de Leandro Massaccesi, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete de la cartera dirigida por Sandra Pettovello. El desplazamiento se produjo luego de que tomara estado público el acceso del funcionario a un crédito hipotecario del Banco Nación, una situación que la ministra consideró incompatible con el perfil de austeridad y transparencia que busca imprimir a su gestión.
A través de sus redes sociales, Massaccesi rompió el silencio para realizar un descargo técnico y personal. “No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, sentenció el abogado rionegrino, quien detalló que el préstamo solicitado junto a su pareja cumple con todos los requisitos legales vigentes para la compra de una primera vivienda. Según su testimonio, la gestión fue “completamente transparente, vía web y adjuntando toda la documentación requerida”, subrayando que se trata de un compromiso financiero a 30 años que planea honrar.
Los motivos del desplazamiento y el clima de sospecha
Desde el entorno de la ministra Pettovello aclararon que, si bien no se pone en tela de juicio la legitimidad del trámite bancario, la falta de aviso previo sobre una acción de tal magnitud fue el detonante de la ruptura. En un contexto de fuerte ajuste del gasto público, la cúpula de Capital Humano consideró que el “alto perfil” del crédito comprometía la política de austeridad del Ministerio. La decisión de exigirle la renuncia se concretó de manera intempestiva el pasado viernes por la noche, tras la viralización del caso en plataformas digitales.
El alejamiento de Massaccesi se produce en un momento de máxima tensión política, dado que la oposición en el Congreso ha solicitado investigar una serie de adjudicaciones de créditos millonarios a diversos funcionarios y legisladores oficialistas. En los registros de deudores figuran nombres vinculados al Ministerio de Economía y al Banco Central con montos que, en algunos casos, superan los $500 millones, lo que ha puesto bajo la lupa los criterios de asignación de estas herramientas financieras en la banca pública.
