El Gobierno suspendió la acreditación de seis medios tras la filtración de la “trama rusa”
El Gobierno nacional suspendió las acreditaciones de C5N, El Destape, A24, Ámbito y otros medios en Casa Rosada y Diputados. La medida se justifica por una filtración que vincula a estas empresas con financiamiento de espías rusos en 2024. Periodistas denuncian censura mientras el Ejecutivo alega razones de seguridad nacional.

En una jornada marcada por la alta tensión política, el Gobierno de Javier Milei ejecutó este lunes una drástica medida contra la prensa acreditada. Seis medios de comunicación sufrieron la suspensión de sus credenciales para la cobertura oficial en la Casa Rosada y la Cámara de Diputados, en medio de un escándalo internacional por supuesta financiación proveniente de inteligencia rusa.

Los periodistas se desayunaron con la noticia al intentar ingresar a la sede de Gobierno para cubrir la reunión de gabinete. Según fuentes oficiales, la decisión se basa en una filtración conocida el pasado viernes, que vincula a diversas empresas periodísticas con espías rusos que habrían financiado una campaña de desprestigio contra el mandatario argentino durante el año 2024.

La suspensión alcanzó a cronistas de los siguientes medios:

  • Casa Rosada: C5N, FM La Patriada, El Destape, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito Financiero.

  • Cámara de Diputados: En una acción coordinada por Martín Menem, se prohibió el ingreso a periodistas de La Patriada, El Destape, A24 y Gritos del Sur.

Llamativamente, aunque medios como Infobae y El Cronista también figurarían en la lista filtrada de empresas bajo investigación por supuestos nexos con el Kremlin, sus acreditaciones no fueron revocadas, lo que generó suspicacias y denuncias de “discrecionalidad” por parte de los afectados.

Contexto de blindaje oficial

La medida ocurre en un momento crítico para el Poder Ejecutivo. Mientras se restringía el acceso a estos medios, el presidente Milei encabezaba una reunión de gabinete para respaldar a su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde los gremios de prensa y organismos de libertad de expresión ya se evalúan presentaciones legales, calificando el hecho como un “grave antecedente de censura previa” y un ataque directo al ejercicio del periodismo. Por su parte, el oficialismo sostiene que la medida es una cuestión de seguridad nacional ante la injerencia de potencias extranjeras en la política interna argentina.

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