La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a poner bajo la lupa no solo su patrimonio y nivel de vida, sino también los antecedentes familiares vinculados al manejo de fondos públicos.
Mientras el fiscal Gerardo Pollicita avanza con nuevas medidas de prueba para determinar si los ingresos declarados por Adorni y su entorno son compatibles con los gastos y bienes adquiridos en los últimos años, reapareció en escena el nombre de su madre, Silvia Pais, quien décadas atrás fue sancionada por irregularidades detectadas durante su paso por la Municipalidad de Brandsen.
La situación de Adorni hoy gira en torno a una pregunta central: si “cierran los números”. Esa es, según describen en tribunales, la lógica que domina la causa. La Justicia intenta reconstruir cuánto dinero ingresó a la economía familiar y cuánto se gastó en propiedades, viajes y estilo de vida.
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Entre los puntos más observados aparecen dos inmuebles adquiridos una vez que Adorni ya formaba parte de la función pública: una casa en un country y un departamento en el barrio porteño de Caballito. La fiscalía pidió más información sobre el costo de mantenimiento de esas propiedades, si hubo obras posteriores y de qué manera se financiaron.
También se encuentran bajo análisis distintos viajes realizados por la familia, entre ellos a Aruba, Nueva York y Punta del Este. No están bajo discusión los traslados oficiales realizados por el funcionario, sino los gastos vinculados a vacaciones y actividades privadas.
El interrogante que atraviesa toda la investigación es si una familia cuyos principales ingresos provienen de la función pública y de la actividad privada de su esposa puede sostener un nivel de vida de ese tipo.
La situación resulta especialmente sensible para el Gobierno porque Adorni construyó buena parte de su perfil político cuestionando los privilegios de la llamada “casta” y denunciando el uso discrecional de recursos por parte de dirigentes tradicionales. Por eso, cualquier inconsistencia patrimonial impacta de manera más fuerte sobre su imagen pública.
La madre de Adorni, una vieja conocida de la “casta”
Pero en paralelo al caso actual, también volvió a aparecer el antecedente de Silvia Pais, madre de Adorni, quien fue sancionada por el Tribunal de Cuentas bonaerense por irregularidades cometidas durante su gestión como contadora en la Municipalidad de Brandsen.
Según una sentencia emitida en noviembre de 1996, Pais fue considerada responsable de haber autorizado gastos sin contar previamente con el recurso correspondiente, incumpliendo disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades y del reglamento de Contabilidad.
Las irregularidades incluyeron documentación presentada fuera de término, saldos negativos en cuentas municipales y excesos en la ejecución de créditos presupuestarios.
Uno de los puntos observados por el Tribunal fue que la normalización de la documentación se produjo recién el 31 de octubre de 1995 y no al cierre del ejercicio, como correspondía.
Pais argumentó en su defensa que los contadores municipales no toman decisiones sobre la inversión de fondos y sostuvo que otros funcionarios también tenían responsabilidad. Incluso señaló a otro contador, Alejandro Sirito, como parte de los hechos observados.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas rechazó esos planteos y sostuvo que su función obligaba a advertir y dejar constancia de cualquier irregularidad vinculada al manejo de recursos.
La madre de Adorni también cuestionó el monto de las sanciones aplicadas, pero el organismo explicó que las multas respondían a varias infracciones distintas y que ninguna excedía los límites previstos por la ley.
En total, las sanciones económicas impuestas sumaron 8.250 pesos, una cifra elevada para la época.
Si bien no existe una vinculación jurídica entre la causa actual que involucra a Manuel Adorni y los antecedentes administrativos de su madre, la coincidencia vuelve inevitable una lectura política.
Ambos casos aparecen atravesados por un mismo eje: el control de los recursos públicos, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
Para un dirigente que hizo carrera denunciando abusos del Estado y cuestionando privilegios de otros sectores políticos, el problema no es solo judicial. También es simbólico.
Porque cuando la narrativa pública se construye alrededor de la austeridad, cualquier señal de exceso, inconsistencia o manejo dudoso de recursos tiene un costo mucho más alto. Y en el caso de Adorni, ese costo ya empezó a sentirse.
