El otorgamiento de un crédito hipotecario por parte del Banco Nación a la diputada oficialista Lorena Villaverde quedó en el centro de la polémica, luego de que se denunciara un presunto trato irregular en el proceso de aprobación.
La acusación fue realizada por el diputado nacional Esteban Paulón, quien sostuvo que el préstamo había sido rechazado en primera instancia por la sucursal de Cipolletti debido a la situación judicial de la legisladora, pero que posteriormente fue autorizado tras una intervención desde la casa central de la entidad.
Según el planteo, la negativa inicial se habría fundamentado en que Villaverde se encontraba embargada en el marco de una causa por presunta estafa vinculada a la venta de terrenos. Sin embargo, el crédito finalmente fue concedido, lo que despertó cuestionamientos sobre los criterios aplicados.
El caso se suma a una presentación judicial más amplia impulsada por la diputada Mónica Frade, quien solicitó investigar el otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios y dirigentes cercanos al Gobierno nacional. La denuncia apunta a determinar si existieron condiciones preferenciales en el acceso a estos préstamos.
En ese contexto, también se puso bajo análisis el monto y las condiciones de financiamiento, ya que —según los denunciantes— diferirían de las exigencias habituales que enfrentan ciudadanos comunes al momento de solicitar un crédito.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía Luis Caputo salió a respaldar la política de créditos y negó irregularidades, asegurando que no existe ilegalidad en los procedimientos cuestionados.
Por su parte, Villaverde arrastra otras controversias judiciales. Entre ellas, un embargo dispuesto por la Justicia de Río Negro en una causa por presunta venta fraudulenta de terrenos. Además, su trayectoria política reciente estuvo marcada por una fallida postulación al Senado, que no prosperó tras impugnaciones vinculadas a su idoneidad.
