**Por Florencia Gómez
Cuando el río Dulce crece, Santiago del Estero se transforma en un espejo de agua interminable. Cuando baja, la sed y la polvareda vuelven a ser nuestras compañeras. Las inundaciones que en 2015 anegaron el centro norte del país y afectaron también a nuestra provincia, no fueron un simple capricho climático. Fueron la evidencia de que un sistema hídrico que durante milenios fue estable comienza a desquiciarse. Y en el corazón de esa estabilidad están los glaciares cordilleranos, esos gigantes de hielo que hoy un proyecto de reforma impulsado por el gobierno nacional pretende desproteger.
Mientras tanto, más de 102.000 ciudadanos intentaron hacerse oír en la audiencia pública realizada los días 25 y 26 de marzo de 2026. Apenas 200 pudieron hablar. El resto fue condenado al silencio, al envío de un video o de un escrito. Pero el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que Argentina firmó y que por su naturaleza de tratado de derechos humanos tiene jerarquía superior a las leyes, no contempla esa farsa. Su artículo 7 exige participación pública efectiva, oportuna, transparente, con criterios claros y preestablecidos, en un entorno seguro y no intimidatorio. Nada de eso ocurrió. Se modificaron las reglas sobre la marcha, se cortaron micrófonos, se impidió el ingreso a expositores convocados y fuerzas de seguridad rodearon el Congreso. El derecho a ser escuchado fue cercenado. Y cuando una democracia silencia a 102.000 voces, no es democracia: es un acto de legitimación forzada de una decisión ya tomada.
La ciencia hídrica es clara: los glaciares no son solo reservas de agua congelada. Son reguladores térmicos y climáticos de escala continental. Los vientos que atraviesan la cordillera de los Andes se enfrían al pasar sobre las superficies glaciares. Ese enfriamiento reduce su capacidad para retener la humedad atmosférica. Como resultado, los vientos que llegan a la región pampeana, al litoral y al noroeste argentino son más secos y estables, generando un patrón de lluvias moderadas y predecibles.
El fenómeno conocido como Alta de Bolivia —un sistema de alta presión que durante el verano austral transporta humedad desde la Amazonia hacia el norte de nuestro país— es fundamental para entender el ciclo hídrico que alimenta al río Dulce. Esa alta presión, al pasar por la zona cordillerana, interactúa con la reserva de energía fría que proveen los glaciares. Ese intercambio mantiene los vientos con una capacidad de humedad controlada, generando lluvias intensas pero no catastróficas.
¿Qué ocurriría si esos glaciares desaparecieran o se degradaran aceleradamente por actividades mineras que el proyecto de reforma busca habilitar? La respuesta es alarmante: sin el efecto refrigerador de los glaciares, los vientos que ingresan desde la cordillera llegarían con una carga de humedad mucho mayor. Esa humedad extra se traduciría en lluvias torrenciales más frecuentes e intensas sobre las cuencas que alimentan nuestros ríos. Para Santiago del Estero, eso significa desbordes más violentos y recurrentes del río Dulce, anegamientos de tierras productivas, pérdida de cultivos, aislamiento de rutas y comunidades, y un riesgo creciente para la vida de miles de santiagueños.
Las recientes inundaciones se deben a las lluvias en la cuenca alta Salí Dulce, en las provincias de Tucumán y Salta, eso ocurrió con los glaciares aún cumpliendo su función reguladora. Sin ese manto de protección, las consecuencias podrían ser aún más devastadoras. Y el río Dulce, que nace en los deshielos y las lluvias de la cuenca alta del Sistema Río Dulce–Sali–Hondo, no habría sido una excepción.
El proyecto de ley: una amenaza directa a la seguridad hídrica santiagueña
La reforma al régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares (Expediente 0072-S-2025) no es una inocua “ley interpretativa”. Es una derogación tácita. Pretende transferir a las provincias la facultad de decidir qué glaciares y geoformas periglaciares se protegen, condicionándolo a que demuestren una “función hídrica efectiva”. Esto elimina la protección uniforme basada en el criterio científico del IANIGLA y la reemplaza por decisiones políticas discrecionales.
Esta iniciativa viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece presupuestos mínimos ambientales de orden público que ninguna provincia puede perforar. Desconoce el fallo de la Corte Suprema en el caso “Barrick Exploraciones Argentinas” (2019), que ratificó la plena constitucionalidad de la Ley de Glaciares. Y, además, abandona el principio de cuenca hidrográfica como unidad de gestión, un concepto que la política hídrica argentina ha defendido históricamente frente a los países vecinos. Para una provincia como Santiago del Estero, que depende enteramente de los escurrimientos que vienen de cuencas altas ubicadas en otras jurisdicciones, esta fragmentación es una sentencia de desprotección.
Un río no entiende de límites provinciales. Pero el proyecto de ley sí los impone, fragmentando la gestión y negando la evidencia científica que demuestra que los glaciares cumplen funciones hídricas y climáticas que trascienden cualquier frontera interna.
Conclusión: no al simulacro, sí a la protección de nuestros glaciares
La audiencia pública más grande del mundo fue convertida en el más grande de los fraudes participativos. No se puede aprobar una ley que afecta el agua de 7 millones de argentinos —incluidos los santiagueños que bebemos del río Dulce— con un proceso que viola el Acuerdo de Escazú. Y no se puede ignorar la ciencia: sin glaciares, el clima se desregula, las inundaciones se intensifican, y el río Dulce se vuelve impredecible.
Desde la sociedad civil exigimos que se deseche este proyecto. Que se respete la Ley de Glaciares N° 26.639. Y que Santiago del Estero, que tanto ha sufrido el agua cuando viene en exceso y cuando falta, alce la voz para defender a estos reguladores silenciosos de los que depende nuestro futuro hídrico.
Abogada, Directora de Relaciones Institucionales del CEPPAS Asociación Civil y miembro del Observatorio Ambiental y Climático de Implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina.
