La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes una reforma sin precedentes al Código Contravencional de la provincia. De ahora en más, los padres o tutores de alumnos que protagonicen hechos de acoso escolar y bullying enfrentarán sanciones que van desde multas económicas hasta 30 días de arresto, en caso de que demuestren desinterés o falta de compromiso para frenar la violencia de sus hijos.
La medida surge como una respuesta directa al alarmante incremento de la violencia en las aulas y busca que la responsabilidad no recaiga únicamente en las instituciones educativas, sino que regrese al seno familiar. Las sanciones se activarán específicamente cuando los adultos a cargo, tras ser debidamente notificados por la escuela, no intervengan ni acompañen el proceso para detener el hostigamiento.
Durante el debate en la Legislatura, la diputada Socorro Villamayor aclaró que la reforma no pretende llenar las comisarías de padres de manera inmediata. Según la legisladora, la normativa “no implica una aplicación automática de prisión”, sino que funciona como una herramienta de presión para que los adultos asuman un rol activo.
El objetivo principal es evitar que los tutores ignoren las notificaciones escolares o se desentiendan de los episodios de acoso repetidos. La iniciativa, impulsada originalmente por la senadora Bettina Navarro, establece un esquema de sanciones escalonadas que arrancan en multas económicas para quienes no cumplan con las medidas de supervisión iniciales.
Luego, talleres obligatorios de parentalidad o tratamientos familiares, tareas comunitarias o tratamiento psicológico, como alternativas de corrección. Finalmente y en última instancia, hasta 30 días de detención para aquellos que se nieguen a colaborar o sean reincidentes.
Cargos graves y responsabilidad compartida
El endurecimiento de las penas no es caprichoso. En el recinto se recordaron tragedias que conmocionaron al país, como la muerte de Ian Cabrera en Santa Fe, un caso que desnudó las fallas sistémicas en la protección de menores víctimas de bullying. Para los legisladores salteños, estas situaciones evidencian que los mecanismos actuales son insuficientes si no cuentan con el respaldo real de la familia.
