En el marco de la Jornada de Actualización en lo Penal Juvenil, organizada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial, especialistas abordaron el marco jurídico que regula la intervención con adolescentes que infringieron la ley penal y coincidieron en la necesidad de fortalecer la justicia restaurativa.
La actividad contó con la participación de la Dra. Érika Casagrande Valdueza, el Dr. José Herrero Medina y la Dra. María Emilia Ganem.
Durante su exposición, Casagrande Valdueza remarcó que instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y las Directrices de Riad constituyen “el andamiaje ético y jurídico” que permitió dejar atrás el viejo paradigma tutelar y punitivo.
La magistrada también destacó que la Ley Provincial Nº 7349 incorporó estándares internacionales y prioriza la desjudicialización de los procesos, promoviendo medidas socioeducativas por encima de las sanciones privativas de la libertad.
En ese sentido, sostuvo que la desjudicialización, la proporcionalidad y la especialización de los operadores judiciales son ejes fundamentales del sistema penal juvenil.
Además, afirmó que la justicia restaurativa “no reemplaza el proceso penal, pero lo complementa y en muchos casos la sustituye, cuando las partes lo consienten”.
Por su parte, Herrero Medina coincidió en la necesidad de aplicar medidas restaurativas antes que punitivas, teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvolvía el adolescente acusado.
También remarcó la importancia de resguardar a las víctimas, tal como lo establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con la protección contra cualquier forma de violencia, abuso o maltrato.
A su turno, Ganem subrayó la necesidad de trabajar en la prevención del delito juvenil de manera articulada entre los poderes del Estado, las organizaciones y la comunidad.
Finalmente, los tres especialistas coincidieron en la importancia de promover dispositivos socioeducativos, fortalecer la capacitación permanente de los operadores judiciales y evaluar resultados vinculados a la reinserción social de los adolescentes.
