Un hombre de Abra Pampa, Jujuy, denunció públicamente que sus dos hijas, de 6 y 10 años, habrían sido víctimas de situaciones de violencia en el entorno materno y cuestionó duramente las decisiones judiciales que ordenan la restitución de la niña mayor con su madre.
Según relató, la situación se agravó tras resoluciones de la Vocalía 3 del Tribunal de Familia que habrían dispuesto que la menor vuelva a convivir con su progenitora, pese a que la niña habría expresado reiteradamente su rechazo y temor.
El padre sostuvo que posee audios y mensajes que, según afirmó, evidenciarían presiones por parte de integrantes de organismos de niñez durante entrevistas realizadas a la menor. De acuerdo con su denuncia, una trabajadora social habría insistido en que “su mamá cambió” y le habría planteado que para volver a ver a su hermana menor debía regresar con ella.
Además, cuestionó los informes realizados por equipos interdisciplinarios y aseguró que se habría intentado desacreditar a la tía de las niñas, quien cumplía funciones de tutora legal. Según dijo, existen conversaciones y registros que desmentirían parte de esas valoraciones.
Denuncias cruzadas
El conflicto familiar se inició el año pasado, cuando ambas menores quedaron bajo medidas de protección por denuncias cruzadas entre sus padres. Sin embargo, el hombre insiste en que existían antecedentes de violencia y negligencia en el hogar materno.
En ese sentido, aseguró que una Cámara Gesell habría recogido testimonios de las niñas sobre supuestos golpes y malos tratos, aunque denuncia que esas pruebas no habrían sido tenidas en cuenta en las decisiones posteriores.
Actualmente, la hija menor permanece con su madre desde junio del año pasado, mientras que la niña de 10 años enfrenta órdenes de restitución que, según el padre, la colocan en una situación de extrema vulnerabilidad emocional.
El caso reaviva el debate sobre el rol de la Justicia y los organismos de protección de la niñez en contextos de presunta violencia familiar, especialmente después de casos que marcaron al país como el de Lucio Dupuy y el de Ángel, donde las advertencias previas sobre el entorno de los menores generaron fuertes cuestionamientos sobre la intervención estatal.
