La muerte de Ángel no solo ha despertado una profunda conmoción social, sino que ha puesto bajo la lupa técnica las fallas estructurales de los mecanismos de protección a la niñez en el país. En una entrevista exclusiva con La Tarde de Info, la Licenciada en Criminología y Seguridad, María Julia Gerardi, analizó los hallazgos preliminares de la autopsia, los cuales sugieren que el cuerpo del niño funciona como un registro histórico de la violencia sufrida. Según la experta, los hematomas internos detectados en la corteza craneal bajo el examen capilar son determinantes para establecer una muerte violenta por traumatismos, incluso en casos donde las lesiones no son evidentes a simple vista en la superficie corporal.
El cuerpo como evidencia del pasado
Para la criminóloga, la clave de la investigación judicial ahora reside en el cruce de los resultados macroscópicos con los estudios histopatológicos y biológicos. Esta profundidad en la pericia permitirá al fiscal determinar no solo la causa del fallecimiento, sino también si existía un patrón de violencia previa, estableciendo fechas aproximadas de lesiones antiguas. De este modo, el informe forense se convierte en una herramienta científica capaz de reconstruir el entorno de vulnerabilidad en el que vivía Ángel, señalando con precisión en qué momentos y ante qué personas el menor estuvo expuesto a situaciones de maltrato.
La burocracia frente a la urgencia
Gerardi fue contundente al referirse a la responsabilidad estatal y la gestión de las denuncias cruzadas entre los entornos materno y paterno. Advirtió que la existencia de legajos judiciales y reportes escolares que daban cuenta de dinámicas violentas demuestra que el sistema a menudo confunde la protección real con la acumulación de expedientes. La profesional subrayó que un niño no puede esperar meses o años a que un juzgado analice una denuncia mientras continúa habitando un hogar hostil, ya que estas demoras burocráticas son las que suelen preceder a los desenlaces fatales que hoy lamenta la nación.
La necesidad de una mirada integral
Finalmente, al trazar un paralelismo con otros casos de alta sensibilidad pública, la licenciada insistió en que la justicia debe aprender a interpretar el contexto completo de las familias con alta conflictividad vincular. Remarcó que la voz del niño es fundamental, pero debe ser analizada junto con la posibilidad de sugestión o amenazas por parte de los adultos convivientes. Para Gerardi, la seguridad de la infancia en Argentina solo será posible cuando los jueces y fiscales dejen de ver las pruebas de forma aislada y comiencen a entender las dinámicas familiares como un conjunto, priorizando la preservación de la vida por sobre los tiempos del papel.
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