Tras una semana de modificaciones técnicos y legales, el Poder Ejecutivo concluyó la redacción del nuevo proyecto de reforma política y electoral. El expediente pasó por las manos de los abogados del Estado para su blindaje jurídico y será girado al Congreso de la Nación la semana próxima.
La iniciativa fue desarrollada teniendo como premisa el ahorro fiscal y una autonomía partidaria total. Pues, la base del proyecto es la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por considerar que el Estado no debe financiar las internas de los espacios políticos.
Según estimaciones oficiales del año pasado, el costo de estas elecciones asciende a los 150 millones de dólares. Para el oficialismo, este gasto es “ridículo” y solo sirvió para que partidos minoritarios cobren subsidios estatales para la impresión de boletas sin tener una representatividad real.
Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada reconocen que el “poroteo” de votos en el Congreso es incierto. Si no logran la eliminación total, el Gobierno acudiría a una suspensión por decreto o ley, pero es consciente de que encontrarán resistencia en sectores que dependen de estas instancias.
Otro punto que promete debate es el cambio radical en el financiamiento de los partidos. La reforma propone el fin del financiamiento público, eliminando los aportes del Estado para campañas y funcionamiento partidario.
La apuesta es transicionar hacia un modelo de financiamiento 100% privado, siguiendo el modelo de los Estados Unidos. Esto obligará a las fuerzas políticas a buscar su propio sustento entre particulares y empresas, eliminando la carga sobre las arcas públicas. En paralelo, el proyecto contempla seguir readecuando el formato de la Boleta Única de Papel (BUP) para optimizar su implementación.
Calendario unificado
El Gobierno también tiene la mirada puesta en las elecciones de 2027. El objetivo es coordinar con los gobernadores un calendario electoral unificado para evitar los “desdoblamientos” que suelen atomizar las fechas de votación en todo el país.
Dada la magnitud de los cambios, los funcionarios no esperan un trámite exprés. Se prevé que el debate fuerte en las comisiones y en el recinto comience a mediados de este año. En los despachos oficiales se maneja un plazo realista: la discusión de fondo se dará seguramente después del Mundial, buscando un clima político más propicio para negociar los votos que hoy parecen esquivos.
