En una decisión que favorece la estrategia de la Casa Rosada, la Justicia Federal resolvió que la validez de la Modernización Laboral no debe ser tratada por el fuero del Trabajo, sino por el Contencioso Administrativo. Este cambio de competencia desplaza al juez que había suspendido 83 artículos de la norma y abre la puerta a que se revierta la cautelar obtenida por la CGT.
La batalla judicial por la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral dio un vuelco fundamental este viernes. La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió quitarle la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo para otorgársela al fuero Contencioso Administrativo Federal, un ámbito que el Gobierno nacional considera más técnico y menos propenso a las interpretaciones tradicionales del derecho laboral.
Esta resolución responde a un pedido del Ministerio de Capital Humano, que argumentó que, al tratarse de una impugnación contra políticas públicas y actos del Estado Nacional, el caso debe tramitarse bajo el derecho público y no como un conflicto entre privados (trabajador-empleador).
¿Qué significa este cambio para la Reforma?
Hasta ahora, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, mantenía suspendidos de forma provisoria 83 artículos de la reforma. Con este fallo, el expediente deberá ser remitido al fuero federal, lo que deja sin efecto la órbita de acción de los tribunales laborales porteños sobre esta ley de alcance general.
En el Gobierno confían en que los jueces del fuero Contencioso Administrativo, alineados con la doctrina de la Corte Suprema sobre el control de actos estatales, levanten la medida cautelar que hoy frena los cambios. La jueza aclaró que, mientras las impugnaciones generales contra la ley van al fuero federal, los juicios individuales de los trabajadores seguirán tramitándose en la Justicia del Trabajo.
Los puntos que la CGT busca anular
La central obrera, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, sostiene que la reforma vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional (Art. 14 bis). Entre los ejes más cuestionados por el sindicalismo figuran:
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Flexibilización de jornadas y vacaciones: Los cambios en la organización del tiempo de trabajo.
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Protección ante despidos: Las modificaciones en los mecanismos indemnizatorios y la responsabilidad solidaria.
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Derechos colectivos: Las restricciones a la representación sindical y la derogación de la Ley de Teletrabajo.
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Trabajadores de plataformas: La exclusión de estos sectores de la protección general de la Ley de Contrato de Trabajo.
Un fallo en línea con la Corte Suprema
La decisión de la jueza Marra Giménez se apoya en el artículo 79 de la propia Ley N° 27.802, que modificó específicamente la competencia cuando el Estado es parte en un conflicto laboral de carácter general. Según la resolución, permitir que la justicia laboral decida sobre reformas estructurales del Estado “alteraría el sistema federal y el control de los actos públicos”.
Ahora, la pelota está en el campo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que será la encargada de definir si mantiene la suspensión de los 83 artículos o si le da vía libre definitiva a la reforma impulsada por el Ejecutivo.
