La filtración de conversaciones entre el empresario Miguel Ángel Calvete y el proveedor Claudio Kahn revela el manejo de cifras millonarias y la logística para convertir pesos en dólares a través de “cuevas”. La justicia investiga un fraude que supera los $75.000 millones en perjuicio de los beneficiarios del Programa Incluir Salud.
La megacausa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este fin de semana una prueba de fuego: una serie de audios que confirmarían el direccionamiento de contratos y el cobro de sobornos. En las grabaciones, se escucha a los protagonistas celebrar el ingreso de fondos públicos y coordinar la compra de divisas en el mercado ilegal para presuntos “retornos”.
“Ahí me dicen los chicos que entraron casi 90 palos”, se escucha decir en uno de los mensajes, refiriéndose al millonario desembolso estatal que habría recibido una de las empresas proveedoras de insumos ortopédicos. La fiscalía, a cargo de Franco Picardi y Sergio Rodríguez, sostiene que este dinero formaba parte de las PACBI (Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia), fondos destinados a las personas más vulnerables del país.
“Ir a una cueva a quemar la gamba”
El audio difundido por C5N expone con crudeza la operatoria financiera tras la adjudicación de los contratos:
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El brindis por los millones: El mensaje de voz revela la euforia por el cobro de entre 80 y 90 millones de pesos.
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La logística del “Verde”: Uno de los implicados advierte que, para entregar el dinero en dólares, deberá recurrir a intermediarios financieros ilegales: “Si lo vas a querer en verde, voy a tener que ir a una cueva a quemar la gamba… desarmar todo e ir a la cueva”.
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Falta de respaldo: La conversación admite que las empresas (como Artopia) no contaban con esa cantidad de dólares de forma legal, lo que refuerza la hipótesis del lavado de activos y coimas.
29 indagatorias en la mira de Ariel Lijo
Tras el estallido de estos nuevos elementos, el juez federal Ariel Lijo debe definir el pedido de indagatoria para un grupo de 29 personas, entre funcionarios y empresarios. Los nombres centrales del escándalo son, Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, señalado como el máximo responsable de autorizar los pagos direccionados; Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos operadores clave en la articulación entre el Estado y los proveedores.
La gravedad del Caso ANDIS reside en que las maniobras fraudulentas —ocurridas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025— afectaron directamente el suministro de sillas de ruedas motorizadas, implantes cocleares y prótesis complejas. Estos insumos estaban destinados a personas con discapacidad en situación de pobreza estructural que dependen exclusivamente del Programa Incluir Salud.
Mientras los funcionarios y proveedores negociaban “en cuevas” y celebraban el ingreso de “palos”, miles de pacientes sufrieron demoras críticas en cirugías y tratamientos. La fiscalía ya solicitó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para intentar recuperar parte de los fondos desviados.
