Un socio de la empresa UM Argentina Inversiones SA-presidida por el financista fallecido, Martín Maldonado– fue intimado por un inversionista cordobés a pagar un empréstito con intereses por 200.000 dólares que al tipo de cambio actual serían $278.000.000.
Tras la muerte de Maldonado, quien fue hallado sin vida el 2 de marzo último en una vivienda en el barrio privado El Timbó sacó a la luz una trama de inversiones millonarias no declaradas y reclamos incesantes de inversores por fondos que no figuran en los libros de la consultora oficial.
Ahora, con el patrocinio del abogado Diego Lindow, el inversionista Alejandro Martín Marchese envió una carta documento a las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle 24 de Septiembre. En el documento, se otorga un plazo “perentorio e improrrogable de 24 horas” para abonar los intereses compensatorios de marzo (estimados en U$S 5.000) y el capital total del mutuo dinerario.
Lindow advirtió que no aceptarán que la deuda sea adjudicada exclusivamente al socio fallecido. De acuerdo a la querella, existen pruebas de que la operación era institucional y no personal, porque los intereses previos fueron abonados mediante transferencias en dólares desde la cuenta oficial de la empresa UM Argentina Inversiones SA.
De este modo, se intimó al socio en su carácter de responsable de la firma, advirtiendo que cualquier intento de desconocer la deuda será considerado un ardid defraudatorio.
Uno de los puntos que más alarma a los damnificados es la aparente desaparición física de la sede comercial. En la demanda, Marchese relató que, tras presentarse en reiteradas ocasiones en las oficinas, pudo constatar mediante acta notarial que no está más el cartel identificatorio de la empresa y que ya no hay personal que atienda al público.
“Demuestran que habrían desaparecido de la sede comercial”, sentenció el letrado en la intimación, sugiriendo una posible maniobra de vaciamiento o fuga ante los reclamos de los acreedores.
Mientras tanto, el socio de Maldonado, que hoy encabeza la firma intenta desmarcarse del conflicto. Su argumento central sostiene que el fallecido financista habría recibido los fondos de manera particular y que ese dinero nunca ingresó a las arcas de la sociedad.
