La querella, encabezada por el Dr. Roberto Castillo, solicitó la captura inmediata de Mariela Altamirano y Maicol González. Denuncian que quemaron ropa del niño para ocultar pruebas y que planeaban fugarse a Misiones. La autopsia confirmó lesiones traumáticas craneales incompatibles con un accidente.
El caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años fallecido el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, ha dado un vuelco dramático. Lo que inicialmente se reportó como una urgencia médica, hoy es investigado como un infanticidio que expone, además, una cadena de negligencias judiciales y estatales que ignoraron los pedidos de ayuda del menor.
Durante la tarde de este domingo 12 de abril, la detención de la madre biológica y su pareja se tornó inminente. Ambos se encuentran actualmente bajo custodia policial en un hotel de la ciudad petrolera, a la espera de ser trasladados a una dependencia policial para iniciar el proceso de imputación formal.
Las pruebas del horror: autopsia y quema de evidencia
La ampliación de la denuncia presentada por el padre del niño, Luis Armando López, describe un escenario de violencia sistemática. El informe preliminar detectó lesiones traumáticas en la región craneal, de gran intensidad, que descartan cualquier causa natural o accidental. Por otra parte la querella sostiene que, el mismo día del hecho, los acusados quemaron prendas de vestir de Ángel con el objetivo de eliminar rastros biológicos y signos de los castigos físicos y se detectó un plan para huir hacia la localidad de El Dorado, en Misiones, donde Altamirano tendría familiares que facilitarían su ocultamiento. “¡Vos le pegás al mío!”, habría gritado la madre en medio de una crisis previa a la muerte, según el testimonio de vecinos que escucharon los maltratos constantes.
El “Efecto Ley Lucio”
El Dr. Roberto Castillo ha sido tajante al señalar que la muerte de Ángel pudo evitarse. La denuncia apunta directamente contra el Juez de Familia, Dr. Pablo José Pérez, la Asesora Verónica Roldán y la licenciada Jennifer Leiva.
La querella sostiene que se violó la Ley 27.709 (Ley Lucio) por las siguientes omisiones:
Advertencias desoídas: El sistema judicial había rechazado tres veces restituir al niño a su madre por considerarla un entorno no seguro.
El testimonio del niño: En febrero de 2026, el propio Ángel les dijo al Juez y a la Asesora que su centro de vida era con su madre de crianza, Lorena Andrade. El tribunal no tomó medidas.
Aislamiento forzado: En marzo, la Justicia prohibió todo contacto de Ángel con su familia paterna y su madre de crianza, dejándolo encerrado exclusivamente con sus presuntos agresores semanas antes del fatal desenlace.
Horas decisivas en Comodoro Rivadavia
Tras recibir información de relevancia este domingo, los fiscales han acelerado las órdenes de detención. Se espera que, una vez alojados en comisaría, se realice la audiencia de control de detención en un plazo máximo de 48 horas. Posteriormente, en la audiencia de imputación de cargos, Altamirano y González deberán prestar declaración indagatoria por los delitos de homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.
La conmoción en Comodoro Rivadavia es total. La comunidad exige que la justicia no solo alcance a los autores materiales, sino también a quienes, desde sus despachos, permitieron que el grito de ayuda de un niño de 4 años fuera silenciado por la burocracia.
