Una escena de profunda angustia se viralizó este lunes en la provincia de Salta, reactivando con fuerza el debate sobre los mecanismos de protección de la niñez y el criterio de la Justicia en los casos de restitución de menores. Las imágenes muestran a una niña pequeña aferrada con desesperación al cuello de su abuela, suplicando entre lágrimas no ser entregada a su madre tras una orden judicial. “No quiero ir porque me pegan y me retan… estaba con ese tipo. ¡No, papá, no quiero!”, son las palabras que se escuchan en el registro que ya recorre las redes sociales y los principales medios nacionales.
El conflicto se originó cuando la Justicia de Salta dictaminó que la menor debía regresar a vivir con su progenitora. Según la denuncia pública del padre, la mujer se presentó en una comisaría junto con efectivos policiales para hacer efectiva la medida de fuerza, momento en el cual se produjo el dramático pedido de auxilio de la niña. Este episodio ocurre en un clima de extrema sensibilidad social, coincidiendo con la reciente detención de la madre y el padrastro de Ángel López, el niño de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia, quien también había sido restituido a un entorno violento pese a sus señales de rechazo.
La similitud de este caso con tragedias recientes ha encendido las alarmas sobre el rol de los magistrados y asistentes sociales. El grito de la menor salteña resuena como un eco del caso de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa en 2021, cuya muerte dio origen a la Ley Lucio. Esta normativa, sancionada en 2023, busca precisamente fortalecer la capacitación de los funcionarios públicos y establecer protocolos de actuación temprana para evitar que los niños sean devueltos a hogares donde su integridad física y psíquica corre peligro.
Especialistas en minoridad y derechos del niño cuestionan hoy la celeridad de las restituciones cuando existen denuncias de maltrato o cuando el propio menor manifiesta un miedo explícito. La viralización del video en Salta vuelve a poner en el centro de la escena la necesidad de aplicar de manera efectiva el derecho de los niños a ser oídos, un principio fundamental que parece fallar sistemáticamente en la burocracia judicial.
Un sistema bajo la lupa
La consternación generada por este nuevo testimonio audiovisual ha provocado que diversos sectores exijan respuestas urgentes a la Justicia salteña. El interrogante que atraviesa a la opinión pública es el mismo que surgió con Ángel López y con Lucio: ¿cuántas señales de auxilio debe dar un niño para que el sistema decida protegerlo en lugar de cumplir con una formalidad administrativa? Por el momento, la situación de la menor sigue siendo motivo de seguimiento por parte de organismos de derechos humanos y abogados de la familia paterna, quienes buscan frenar la medida para garantizar su resguardo.
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