En una audiencia cargada de tensión, el juez Alejandro Solís dictó seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y su pareja, Michel González, acusados por el homicidio del pequeño Ángel López. La medida se fundamentó en los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, dada la gravedad del hecho que conmueve a la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Tras dos horas de debate, el magistrado fue contundente en sus conclusiones preliminares: sostuvo que existe la certeza necesaria para afirmar que las lesiones del menor no fueron accidentales y que, al momento de los hechos, Ángel se encontraba bajo el cuidado exclusivo de los dos imputados.
Cargos y polémicas en la audiencia
La fiscalía, representada por Facundo Oribones, detalló las imputaciones que recaen sobre la pareja:
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Michel González (Padrastro): Acusado de homicidio simple. Se investiga además si el imputado practicaba artes marciales, lo que podría agravar su situación por la fuerza aplicada.
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Mariela Altamirano (Madre): Acusada de homicidio agravado por el vínculo y omisión, al no haber cumplido con el deber de protección hacia su hijo.
Uno de los puntos más controvertidos de la jornada fue la estrategia de la defensa. El fiscal Oribones reveló ante la prensa que la defensa intentó justificar las lesiones de la víctima de una manera que generó indignación: “Mencionó que los 20 golpes en la cabeza eran compatibles con ‘coscorrones’”, relató el fiscal.
“Somos inocentes”
A pesar de las evidencias presentadas, ambos acusados hicieron uso de la palabra para declarar su inocencia. “También queremos saber qué pasó”, manifestó González durante el acto judicial. Sin embargo, para la justicia, el relato de los imputados no logra explicar la magnitud del daño físico que presentaba el niño.
El cierre de la audiencia fue desgarrador. Luis López, el padre de Ángel —quien previamente había denunciado que el niño no quería volver con su madre tras la restitución judicial—, no pudo contener el dolor y les gritó “asesinos” a los detenidos mientras eran retirados de la sala.
La fiscalía tiene ahora un plazo de seis meses para concluir la investigación preparatoria y elevar la causa a juicio oral.
