El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto reglamentario de la Ley de Muerte Digna, la normativa que legaliza la eutanasia en el país. Con esta rúbrica, el Estado uruguayo se convierte en el tercero de América Latina en permitir el acceso a la muerte médicamente asistida, siguiendo los pasos de Colombia y Ecuador.
La implementación de esta ley llega después de un intenso debate en la sociedad civil y el ámbito político, que culminó con su aprobación parlamentaria en octubre de 2025. La reglamentación ahora establece los protocolos técnicos y administrativos para que el derecho sea efectivo en todo el territorio nacional.
La nueva legislación es restrictiva y establece criterios específicos para garantizar que la decisión sea consciente y esté fundamentada en una situación médica extrema. Podrán solicitar la eutanasia las personas que cumplan con los siguientes requisitos:
** Ser mayor de edad y encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales.
** Padecer una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal.
** El paciente debe experimentar sufrimientos considerados “insoportables” y un deterioro grave y progresivo de su calidad de vida.
** La ley alcanza a ciudadanos uruguayos (naturales o legales) y a extranjeros que cuenten con residencia habitual en el país.
El proceso reglamentado por el Ejecutivo exige que la solicitud sea personal, voluntaria, escrita y firmada ante un médico. En casos donde la condición física impida la firma, un tercero adulto podrá hacerlo en representación del solicitante.
El rol del profesional de la salud es crítico en este esquema. Antes de avanzar, el médico tiene la obligación de informar al paciente sobre todas las alternativas disponibles, con especial énfasis en los cuidados paliativos. Asimismo, debe certificar que el paciente está psíquicamente apto y que su voluntad es libre, firme y no responde a presiones externas.
Para asegurar la transparencia del sistema, el decreto crea la Comisión Honoraria de Revisión, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública. Este órgano independiente supervisará cada uno de los procedimientos para garantizar que se cumplan estrictamente los requisitos legales antes y después de la intervención médica.
Tras la firma del decreto, el presidente Orsi utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre el alcance de la medida. En un mensaje que buscó apelar a la sensibilidad del debate, el mandatario sostuvo que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”.
“Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, dijo.
