El sistema de salud para jubilados atraviesa uno de sus momentos más complejos y volvió al centro de la escena tras las declaraciones del ministro de Salud, Mario Lugones, quien reconoció la crisis del PAMI y la vinculó con el envejecimiento de la población.
Durante su exposición en un evento empresarial, el funcionario admitió que la situación es crítica y sostuvo que, a medida que las personas envejecen, aumenta la demanda de atención médica y medicamentos. En ese contexto, planteó la necesidad de reformular el modelo sanitario, con mayor participación del sector privado y una descentralización hacia las provincias.
Sus palabras generaron polémica porque fueron interpretadas como una mirada economicista sobre los adultos mayores, en un escenario donde crecen los reclamos por falta de cobertura, demoras en turnos y recortes en prestaciones. Actualmente, el PAMI arrastra una deuda millonaria con prestadores que supera los $500.000 millones, lo que afecta la atención en clínicas, sanatorios y farmacias.
En paralelo, el conflicto se profundiza con medidas de fuerza de profesionales de la salud y protestas de jubilados, quienes denuncian falta de medicamentos y dificultades para acceder a tratamientos. El organismo, que brinda cobertura a millones de afiliados en todo el país, se convirtió así en uno de los puntos más sensibles de la gestión sanitaria nacional.
Mientras el Gobierno asegura que comenzó a normalizar los pagos y busca llevar tranquilidad, la crisis del PAMI sigue abierta y expone las tensiones de un sistema que enfrenta problemas estructurales en un contexto económico y social cada vez más complejo.
