En un nuevo e importante giro judicial, el cabo primero de Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo, se presentó esta semana ante los tribunales federales de Comodoro Py para solicitar formalmente ser aceptado como querellante en la causa que investiga a Nicolás Maduro y otros jerarcas venezolanos por delitos de lesa humanidad.
Gallo, quien permaneció detenido ilegalmente en Venezuela durante 448 días, busca pasar de ser un testigo clave a un acusador particular en el expediente que instruye el juez Sebastián Ramos. De ser aceptado, el gendarme tendrá facultad para impulsar medidas de prueba, acceder a la totalidad de la causa e impugnar decisiones judiciales.
El calvario de 448 días
Nahuel Gallo fue liberado el pasado 1 de marzo de 2026 tras una detención que comenzó en diciembre de 2024, cuando cruzó la frontera desde Colombia para visitar a su pareja e hijo en el estado Táchira. Pese a contar con los permisos reglamentarios, fue interceptado y acusado públicamente de espionaje por el propio Maduro y Diosdado Cabello.
Gallo estuvo incomunicado en las cárceles de El Rodeo I y el Helicoide, conocidos centros de tortura y detención de presos políticos. En sus primeras declaraciones, el gendarme describió haber padecido y presenciado tortura psicológica y vejámenes, enmarcados en lo que la justicia argentina define como un “plan sistemático” de violaciones a los derechos humanos.
La causa se sustenta en el principio de Jurisdicción Universal, que permite a la justicia argentina investigar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se cometieron.
Tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero (actualmente detenido en Nueva York por narcotráfico), el juez Ramos ya solicitó formalmente su extradición a la Argentina.
El magistrado dispuso que un equipo interdisciplinario evalúe al gendarme para determinar su aptitud para declarar bajo juramento, considerando útil su testimonio para el “plexo probatorio” contra el régimen.
Un patrón de conducta estatal
Para organizaciones como el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), el caso de Gallo es una prueba directa del patrón represivo venezolano: detenciones sin proceso formal, falta de asistencia consular y traslados recurrentes para quebrar la voluntad de los detenidos.
Con este pedido, Nahuel Gallo busca no solo justicia personal, sino reforzar la acusación internacional contra una cúpula militar y política que hoy enfrenta sus horas más oscuras ante la justicia global.
