El Gobierno pretende suspender la Ley de Financiamiento Universitario a través de un recurso extraordinario federal presentado ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. En la madrugada de este viernes, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio, solicitó hacer un parate en la aplicación de los artículos 5 y 6 de la normativa.
Estos obligan al Estado a una recomposición salarial y presupuestaria inmediata que, según la Casa Rosada, es de “imposible cumplimiento”. El plazo legal para comenzar con las transferencias venció hoy a las 9:30 horas.
Al no haber obtenido una suspensión previa, el Gobierno técnicamente ya se encuentra en infracción, lo que aceleró los tiempos judiciales en un conflicto que promete escalar hasta la máxima instancia del país.
Con la maniobra legal, el Gobierno no solo busca que la Corte Suprema intervenga, sino que planteó un escenario inédito: solicitó que los tres magistrados que integran actualmente el tribunal se excusen del caso. El argumento es que, al ser todos ellos docentes universitarios, tendrían un interés directo en la resolución del conflicto salarial.
En su lugar, el Ejecutivo reclama el llamado a tres conjueces para garantizar la “imparcialidad”. Los pilares del recurso presentado por Amerio apuntan a una falta de financiamiento, ya que la ley aprobada por el Congreso (27.795) no especifica de dónde saldrán los fondos, violando leyes presupuestarias preexistentes.
El Ejecutivo sostiene que la medida cautelar que ordena el pago provoca un daño grave al Estado al obligar a realizar gastos no previstos. Para el oficialismo, el Poder Judicial está invadiendo facultades del Ejecutivo y el Legislativo al disponer sobre la asignación de partidas presupuestarias.
“No tenemos la plata”, dicen en los pasillos de Balcarce 50. El cumplimiento efectivo de la ley implicaría el desembolso de aproximadamente $2,5 billones, una cifra que, según fuentes inobjetables de la administración de Javier Milei, dinamitaría el equilibrio fiscal alcanzado y marcaría el retorno al déficit.
“Hoy en día no vamos a pagar porque realmente no tenemos los fondos. Dependerá de la Jefatura de Gabinete ver cómo se redistribuye el presupuesto, pero la caja no dispone de ese dinero”, confiaron fuentes de la Casa Rosada.
El Gobierno reconoce que la Corte Suprema suele ser reticente a tratar recursos contra medidas cautelares (que no son sentencias definitivas), pero confían en tres antecedentes históricos —los casos “Arias”, “López” y “AEDBA”— donde el máximo tribunal sí aceptó el efecto suspensivo para evitar daños financieros al Estado.
