El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó este viernes la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, junto a otros dirigentes y personas vinculadas a su entorno, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos.
El requerimiento fue elevado al juez de turno e incluye además una serie de medidas como allanamientos, peritajes contables y la inhibición general de bienes sobre los imputados. La investigación apunta también sobre un conjunto de empresas, inmuebles y vehículos que, según la fiscalía, formarían parte de un entramado económico bajo sospecha.
De acuerdo al planteo fiscal, se trataría de una organización con alcance nacional e internacional y con capacidad económica suficiente como para entorpecer la causa o evadir la acción de la Justicia, lo que fundamenta el pedido de prisión preventiva.
Más imputaciones
En la causa también fueron imputadas varias personas del ámbito empresarial y familiar, mientras que otro grupo fue mencionado en calidad de sospechosos. No obstante, fuentes judiciales aclararon que el pedido de detención no alcanza a algunos integrantes del entorno familiar investigado.
La hipótesis central sostiene que fondos de origen ilícito habrían sido canalizados a través de maniobras sistemáticas que perjudicaron económicamente a la Asociación del Fútbol Argentino. Entre las irregularidades detectadas se mencionan evasión impositiva, uso de facturación apócrifa y operaciones financieras informales.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el esquema habría operado en distintas etapas. En una primera instancia, el dinero habría sido ingresado al sistema mediante una red de sociedades comerciales. Luego, se habrían utilizado facturas entre empresas para dificultar el seguimiento de los fondos. Finalmente, esos recursos habrían sido volcados al circuito formal a través de inversiones, compra de bienes registrables y operaciones financieras.
Entre los elementos reunidos por la fiscalía figuran informes de organismos de control, registros migratorios, adquisiciones de propiedades y movimientos financieros que evidenciarían un crecimiento patrimonial significativo en los últimos años.
La causa se encuentra en pleno desarrollo y ahora será el juez interviniente quien deberá resolver sobre los pedidos de detención y las medidas solicitadas, en un expediente que podría tener fuerte impacto institucional dentro del fútbol argentino.
