SANTIAGO DEL ESTERO. – El panorama de la infraestructura vial en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes. Así lo describió Ariel Enriquez, secretario general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (16° Distrito) y miembro del consejo directivo de la Federación nacional, al analizar las consecuencias directas del Decreto 253/26. Según el dirigente, la reciente decisión del Poder Ejecutivo de ceder rutas nacionales a nueve provincias no es una medida aislada, sino el punto culminante de un proceso de “vaciamiento y quita de funciones” del organismo.
Para Enriquez, la transferencia de la gestión vial y la percepción de peajes a las jurisdicciones provinciales representa un quiebre en la estructura nacional. El dirigente advirtió que esta medida debilita el carácter federal del país, generando un perjuicio directo sobre la economía nacional y profundizando las desigualdades entre las provincias, que ahora deberán hacerse cargo de trazados que antes garantizaba la Nación.
“No hay mejor forma de demostrar que un organismo es ineficiente que desfinanciándolo”, reflexionó Enriquez en diálogo con esta Agencia. La denuncia describe un estado de parálisis operativa alarmante por falta de presupuesto: la repartición carece hoy de insumos básicos como cubiertas o baterías para maquinaria pesada.
Esta carencia tiene un impacto logístico inmediato: “Si un equipo se rompe, queda abandonado en el taller”, lamentó el gremialista. La falta de mantenimiento no es solo un problema de máquinas, sino de vida: según informes del sector, entre el 60% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado ‘regular o malo’, lo que afecta directamente la seguridad vial de millones de usuarios.
El ajuste ha golpeado severamente la estructura de personal. Solo durante el último mes, Vialidad Nacional sufrió la pérdida de 630 profesionales, entre ingenieros, contadores y maquinistas especializados, quienes se acogieron a retiros voluntarios. “Es mano de obra calificada muy difícil de recuperar”, sentenció Enriquez.
A esta pérdida de capital humano se le suma un conflicto salarial que ya arrastra dos años sin actualizaciones ni mesas paritarias, dejando a los trabajadores con sueldos congelados en un contexto de alta inflación.
El foco en Santiago del Estero: Rutas 34 y 9
Enriquez puso especial énfasis en la situación local, mencionando el impacto negativo en las rutas concesionadas de Santiago del Estero. Citó específicamente:
- Ruta Nacional 34: En el tramo desde La Banda hasta el límite con Santa Fe.
- Ruta Nacional 9: Desde la Capital hasta el límite con Tucumán.
El dirigente señaló que la experiencia de privatización en estos tramos ha sido deficiente y criticó que el plan oficial consista en sumar más cabinas de peaje en lugar de garantizar la inversión estatal.
Finalmente, el referente sindical reveló un dato económico de impacto: el Gobierno Nacional ha retenido fondos específicos destinados a la infraestructura vial por un monto superior a los $1,1 billones entre los años 2024 y 2026.
Enriquez cerró con una fuerte interpelación al sistema de recaudación: “Los impuestos específicos se están cobrando en el combustible, pero no se vuelcan a las rutas. Si el dinero se desvía, los argentinos deberían pagar un combustible más barato, ya que el impuesto no está cumpliendo el fin legal para el que fue creado”.
