En un despliegue conjunto liderado por el Departamento de Trata de Personas y Delitos Conexos, la justicia santiagueña logró el secuestro de 34 piezas fundamentales de evidencia que desmantelan una red de producción de material de abuso sexual infantil en la capital. El operativo, denominado “Operación Silencio Cero”, se centró en la recolección de pruebas tecnológicas y físicas en los barrios Juan Díaz de Solís y Almirante Brown.
El éxito de la investigación, coordinada por las fiscales Dra. Erika Leguizamón, Dra. Yésica Lucas y Vanina Aguilera, reside en la cantidad de material probatorio que permitirá trazar la ruta de distribución de los delitos.
Tecnología y evidencia física
Los allanamientos arrojaron un volumen de secuestros que los peritos calificaron como “determinantes” para la causa. Entre los elementos incautados destacan:
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Soportes digitales: Se retiraron de circulación 6 teléfonos celulares, 2 tablets, computadoras y diversos pendrives. Estos dispositivos son considerados la “usina” de la red, donde se almacenaba, producía y distribuía el material de abuso.
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Pruebas de identificación: En las viviendas intervenidas se hallaron prendas de vestir que coinciden exactamente con las utilizadas por las víctimas en los registros fílmicos. Este hallazgo vincula directamente la escena del crimen con los domicilios allanados.
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Clausura y excavación: En el predio del barrio Juan Díaz de Solís, se colocó una faja de seguridad en un templo. La Justicia ha ordenado trabajos de excavación en el lugar para buscar posibles elementos ocultos o enterrados que puedan ampliar la escala del horror.
Detenciones y el entorno familiar
Tras la recolección de las pruebas, la Jueza Dra. Erika Casagrande ordenó la detención de tres personas residentes en el domicilio principal. El operativo culminó con el arresto de, un adolescente de 16 años, señalado como el principal ejecutor de la producción y consumo del material, además el padre y la madre del menor, quienes quedaron detenidos bajo cargos de tenencia, producción y corrupción de menores. La fiscalía investiga si existió una participación activa o una facilitación delictiva por parte de los progenitores.
Más allá de las medidas judiciales, el eje central de la jornada fue el abordaje de las víctimas. Un equipo del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar intervino directamente en las viviendas para garantizar la protección de dos niñas de 4 y 5 años.
La causa ha sido caratulada bajo delitos de extrema gravedad como Abuso Sexual con Acceso Carnal y Corrupción de Menores, en concurso real con la producción y distribución de material prohibido. Mientras los peritos trabajan en el análisis de los 34 secuestros, la expectativa social se centra ahora en los resultados de las excavaciones en el templo clausurado.
