El jefe de Gabinete Manuel Adorni habría abonado en efectivo 8.874 dólares para costear el alojamiento de su familia en Aruba durante las festividades de Año Nuevo 2025. Así trascendió de un reciente informe entregado por la agencia de viajes a la justicia, en el marco de la investigación que encabeza el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.
El viaje, que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, incluyó estadías en exclusivos complejos como el Embassy Suites Hilton y el Divi Dutch Village. Si se suman los pasajes aéreos adquiridos a través de LATAM por 5.800 dólares, el costo total de las vacaciones ascendió a 14.696 dólares. Un dato que llamó la atención de los investigadores es la ausencia de consumos con tarjeta de crédito durante toda la estancia, lo que refuerza la hipótesis de que los gastos en el exterior también fueron solventados con billetes físicos.
Se suma la declaración testimonial de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras de un departamento en Caballito que Adorni adquirió por 230.000 dólares. Bajo juramento, el testigo reveló que, además de los montos documentados, existiría una deuda “por afuera” de 65.000 dólares.
Este dinero correspondería a reformas realizadas en la propiedad y que, según Feijoo, el jefe de Gabinete se comprometió a cancelar de manera informal una vez que logre vender su actual vivienda en el barrio de Parque Chacabuco. Cabe recordar que la operación oficial del departamento en Caballito se pactó con un pago inicial de 30.000 dólares y el resto a abonar en noviembre de este año, llamativamente sin intereses.
Secreto bancario y medidas de prueba
Frente a este escenario, la Justicia ordenó una batería de medidas para reconstruir el patrimonio del ministro coordinador y su esposa, Bettina Angeletti. Se levantó el secreto fiscal y bancario para analizar movimientos desde enero de 2022.
Además, los investigadores rastrean activos, a través de la solitud de informes sobre billeteras virtuales, transferencias de criptoactivos y CVU y enviaron oficios al Banco Galicia para obtener detalles sobre los cofres de seguridad a nombre de la esposa del funcionario.
La fiscalía busca determinar cómo el funcionario pudo afrontar gastos de tal magnitud cuando su salario oficial como vocero presidencial rondaba los 3 millones de pesos mensuales.
